Vitoria. La Declaración Tributaria Especial decretada por el Gobierno central hace ahora un año ha supuesto el ingreso en las arcas del Estado de 1.191 millones de euros. La amnistía fiscal, que es como el común de los contribuyentes conoce esta iniciativa, permitía a los defraudadores que tuvieran dinero negro en paraísos fiscales regularizarlo a cambio de pagar una tasa del 10%, un tipo idéntico, por ejemplo, al nuevo IVA reducido. Eso para el dinero oculto entre 2008 y 2010, de ahí para atrás todo queda prescrito.

La medida, pese al escaso coste económico que suponía para el defraudador, ha fracasado, pues los evasores se han traído al Estado 40.000 millones de euros hasta ahora ocultos, de los que 28.000 han aflorado sin tributar y sólo a 11.910 se les ha aplicado el 10%. Según José María Mollinedo, estas cantidades revelan que únicamente el 6,7% del dinero negro español se ha acogido a la amnistía fiscal, quizá también con ciudadanos vascos y alaveses como titulares de esos fondos. No es fácil saberlo a ciencia cierta. "No nos consta que haya beneficiarios vascos porque la información está bajo siete llaves y el Gobierno sólo la facilita cuando hay una investigación judicial en marcha y el juez pide los datos de alguien, pero las personas domiciliadas en el País Vasco y Navarra técnicamente no podían acogerse porque no se ha aprobado una norma equivalente en las haciendas vascas y navarra", señala el técnico del Ministerio de Hacienda. Existe, sin embargo, la posibilidad de "domiciliar en el territorio común no foral una sociedad propietaria de los bienes ocultados".

En todo caso, el hermetismo sobre los beneficiarios de la amnistía no permite trazar un perfil de los mismos. El ministro Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que se trata de "31.000 personas con una media de 384.000 euros aflorados, por los que han pagado 38.400 euros", señala Mollinedo, pero Gestha desconoce si esa media es representativa. "En la práctica de las tres amnistías anteriores se ha demostrado que quien se acogió estaba siendo investigado o iba a ser investigado, en su entorno ya se estaba pidiendo información. Ahora estamos viendo cómo algunos imputados se han acogido", explica el secretario general del sindicato, quien recuerda que "el decreto de la amnistía de final de marzo del año pasado fue modificado 52 días después por otro decreto Ley para incluir el caso Bárcenas". Efectivamente, el Ejecutivo dio de plazo hasta final de 2012 para que quien lo deseara pusiera a su nombre aquellos bienes no declarados que tenía ocultos en sociedades interpuestas, y así poder acogerse al perdón del fisco.