vitoria. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) considera que las limitaciones impuestas por el Gobierno Vasco a los escraches convocados frente a domicilios de políticos del PP son "proporcionadas" y entiende que "debe prevalecer el derecho a la intimidad personal y familiar" de las personas hacia las que van dirigidas las protestas. El TSJPV desestimó ayer los recursos interpuestos por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios contra la resolución de la Er-tzaintza que les impedía concentrarse junto a los domicilios de representantes del PP. De esta forma la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal avala la proporcionalidad de la resolución del 8 de abril rubricada por el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabilondo, para impedir los escraches a menos de 300 metros de los domicilios de José Ignacio Azpiroz y Leopoldo Barreda.

Las plataformas apelaron a su derecho de reunión y manifestación para realizar las protestas contra los desahucios. Sin embargo, el TSJPV, tras reconocer que en estos casos entran en "colisión derechos e intereses constitucionalmente relevantes", entiende que los escraches suponen "una perturbación desproporcionada del derecho a la intimidad personal y familiar".

No obstante, los jueces opinan también que la Ertzaintza "se ha extralimitado" al introducir en su resolución un párrafo en el que "trata de prefigurar en qué términos podrían comunicarse nuevas alternativas o propuestas de concentración a más de 300 metros del domicilio". Según el TSJPV, la Er-tzaintza no debía haber usado la expresión "ninguna concentración" futura, ya que su control se limita a los actos que se han comunicado y no los que pudieran convocar más adelante.

la casa de soraya El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid admitió a trámite una denuncia presentada por el marido de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y abrió diligencias previas contra un total de 27 personas por la presunta comisión de delitos de coacciones, amenazas y manifestación ilegal por su participación en el escrache enfrente de su domicilio.

En un auto fechado el pasado 12 de abril, el magistrado acuerda incoar diligencias previas y considera a Jorge Verstrynge uno de los cabecillas de la concentración ilegal. En los fundamentos de derecho, el juez relata que en la manifestación se congregaron cerca de 300 personas frente del domicilio de la vicepresidenta, lo que a su juicio podría incurrir en los citados delitos.