madrid. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, acusó ayer a la Iglesia de intentar chantajear al Gobierno del PP en el tema del aborto en pago a los "compromisos" adquiridos cuando se manifestaban juntos "del brazo y por las calles" en los años de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. A esta crítica abierta añadió la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, una amenaza práctica: los socialistas denunciarán el Concordato con la Santa Sede en el caso de que el Gobierno decida modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para "limitar la libertad de las mujeres".

Rodríguez se mostró muy crítica con la posibilidad de que el Ejecutivo reforme la ley del aborto. "No se puede modificar una ley que coarta, que elimina y que limita la libertad de ciudadanas de este país al dictado de una determinada confesión religiosa", subrayó. En la misma línea Valenciano denunció que "parece que los obispos y el PP se han vuelto a poner de acuerdo para cercenar la libertad de las mujeres", algo que, según lamentó, no es "nada nuevo". "El PSOE no va a permitir que se rompan las reglas de juego en absoluto, porque España es un país aconfesional y las leyes no se modifican siguiendo el dictamen de la Iglesia", sentenciaba. "Y si se rompen las reglas del juego, las normas sobre las que se ha construido el consenso y la convivencia, el PSOE también las romperá" añadía Valenciano en referencia al Concordato con la Santa Sede.

Pero las críticas a los planes del PP, inducidos por el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, no llegaron sólo del PSOE. Izquierda Plural arremetió contra la Iglesia por "marcar la agenda política" del Gobierno, lo que supone "una vuelta a la Edad Media y un ataque a los derechos de las mujeres". Su portavoz adjunto, Joan Coscubiela, tachó de inconcebible que una "especie de híbrido, no se sabe si es religión o Estado, imponga su criterio en el aborto".

El PNV, a través de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, también consideró que "no parece adecuado" reformar la ley del aborto que fue aprobada por "un acuerdo bastante amplio".

defensa Frente a estos ataques se posicionó el portavoz del PP, Alfonso Alonso, quien recordó que en un Estado de Derecho es el Parlamento el encargado de elaborar las leyes, y no los obispos, añadiendo que "seguramente a la Conferencia Episcopal no le va a gustar la reforma en la que trabaja el Ejecutivo actualmente sobre la Ley de Aborto de 2010, en la línea de la doctrina de 1985 del TC". "España es una democracia avanzada, con un marco de instituciones y, las leyes las hace el Parlamento, los obispos opinan pero no hacen las leyes, y la Constitución la interpreta el Tribunal Constitucional", dijo Alonso.