Bilbao. Los ciudadanos vascos que sufren los rigores de la crisis económica y viven bajo la amenaza de perder su vivienda por no poder pagar la hipoteca o el alquiler pueden respirar un poco más tranquilos gracias a dos iniciativas puestas en marcha por el Gobierno Vasco y la Junta de Jueces de Bilbao. Por un lado, el Consejo de Gobierno Vasco acordó ayer actuar en los casos de ejecución hipotecaria que puedan derivar en situaciones de "especial vulnerabilidad", facilitando viviendas a las familias que hayan sido desahuciadas. Por otro, los jueces de Bilbao han decidido suspender las ejecuciones hipotecarias en los procedimientos en los que no se haya celebrado todavía subasta, hasta que se apruebe la nueva Ley Hipotecaria.
En el caso del Gobierno Vasco, se trata de poner en marcha un protocolo de actuación en el que intervendrán los jueces, los servicios sociales de los ayuntamientos y el Ejecutivo. Para ello está previsto firmar en junio un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y Eudel para actuar "conjunta y eficazmente" en aquellos casos que puedan desembocar en una especial "vulneración y riesgo de exclusión social".
Según explicaron ayer el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, y el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el juez que tramite un procedimiento de desahucio avisará a los servicios sociales de base antes de que se produzca el lanzamiento de la vivienda en cuestión y, si lo consideran necesario, estos contactarán con el Gobierno Vasco para que facilite una casa a los afectados que se encuentren en situación de desamparo.
El procedimiento de actuación se hará de manera "discreta" y "respetando el derecho a la intimidad" de las personas afectadas. Juan María Aburto explicó que en muchos casos de desahucio hay situaciones de "absoluta vulnerabilidad" que ni los más allegados a los afectados conocen porque la pobreza está mal vista. El consejero destacó la importancia de dar un plazo a los servicios sociales para que puedan actuar antes de que se produzca el lanzamiento y dijo que el Gobierno Vasco está dispuesto a facilitar viviendas a estas personas, tanto para los casos de ejecución hipotecaria como de impago de alquiler. El Ejecutivo mantiene también su servicio de mediación para renegociar préstamos.
la ley hipotecaria Mientras las instituciones vascas tratan de paliar los problemas creados por la aplicación de unas leyes censuradas por el Tribunal de Justicia de la UE, en Madrid, el PP ha aprobado en solitario el texto del proyecto de ley de Protección de los Deudores Hipotecarios, de reestructuración de las deudas hipotecarias y de alquiler social. La oposición en bloque ha acusado al PP de "aplicar el rodillo de la mayoría absoluta" para rechazar sus enmiendas y excluir la dación en pago en la votación en ponencia del texto, que mañana será aprobado definitivamente en la Comisión de Economía.
La nueva ley podría entrar en vigor a finales de ese mismo mes o principios de mayo y por eso los jueces de Bilbao han acordado dejar en suspenso los procesos de desahucio hasta que se apruebe la nueva regulación. En una reunión de todos los jueces de Primera Instancia de la capital vizcaina decidieron suspender todos los trámites de procedimientos en los que todavía no se haya celebrado subasta hasta la aprobación de la Ley Hipotecaria.
El juez decano de Bilbao, Alfonso González Guija, señaló que se trataba de "una medida de absoluta prudencia", ya que, "si dentro de un mes o mes y pico vamos a tener una Ley que va a permitir revisar una serie de cuestiones, parece que no tendría sentido seguir celebrando subastas y adjudicar bienes".
González Guija precisó que la medida aprobada por los jueces se materializará "salvo que las propias partes digan que el proceso siga adelante, un hecho harto improbable por parte del ejecutado".
