Igor Santamaría. VITORIA. COMO un perroflauta me acose por la calle, me intimide o agreda, la hostia (sic) que se lleva ni se la va a creer". Así de despachó el jueves en su cuenta de Twitter el exdiputado del PP en el Parlamento de Canarias Sigfrid Soria en plena ebullición de los denominados escraches a los representantes políticos, principalmente de la formación popular, y cuya línea de actuación trasciende de sus domicilios particulares, amén de relegar a un segundo plano el verdadero problema, los desahucios. A expensas de que, como avanzó su presidente Juan Luis Ibarra, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se pronuncie en los próximos días acerca de la proporcionalidad de la decisión de la Ertzaintza de limitarlos a 300 metros de la residencia de los afectados, surge la diatriba sobre si se puede establecer un equilibrio entre el derecho constitucional de reunión y manifestación y el derecho fundamental a la intimidad personal y, por encima de todo, familiar.
Como este fenómeno de concentraciones de protesta delante de los domicilios de personajes públicos -independientemente de su esfera- no está regulado, la complejidad de fijar disposiciones generales es mayor, de ahí que el Departamento vasco de Interior negara órdenes "expresas" sobre los escraches; al igual que el Ministerio de Interior, quien, tras la ceremonia de la confusión que se marcó, anunció que el perímetro de seguridad frente a las viviendas de los diputados o dirigentes se señalará en función de las necesidades.
Y eso que, en Euskadi, como afirma el coordinador de Jueces para la Democracia Edmundo Rodríguez, el TSJPV "tiene dilatada experiencia" en la regulación de este tipo de acontecimientos y conoce bien "las claves y límites". Como referencia, dos sentencias de 1997 y 1998 que dieron la razón al Departamento vasco de Interior al prohibir sendas concentraciones de UGT y la izquierda abertzale frente a las residencias de quien fuera alcalde de Portugalete, Mikel Cabieces, y del presidente de Nuevas Generaciones del PP, Gonzalo Fernández Ortiz de Guinea.
"Al final, lo que tenemos aquí es un debate inducido porque no se quiere que se reforme la regulación de las ejecuciones hipotecarias y el derecho a la dación en pago y segundas oportunidades, que es lo esencial. Alcanzó tal consenso mayoritario en la sociedad que obligó a un gobierno con fuerte apoyo parlamentario a admitir a trámite la iniciativa legislativa popular, y sin embargo, lamentablemente, esto ha pasado a un plano secundario porque el otro debate le es mucho más cómodo a los contrarios a las reformas", expone Rodríguez, que reivindica una vuelta a los orígenes para dejar en un ámbito secundario "todas estas derivadas que enturbian el debate principal".
Se avecina una primavera verde llena de escraches en referencia a la iniciativa que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentó en febrero en el Congreso, avalada por millón y medio de firmas, y en la que se reclama la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización de los desahucios y la promoción de alquileres sociales. Verde es el color de las camisetas popularizadas por la PAH y que se han visibilizado en las protestas desarrolladas frente a las sedes del PP en decenas de ciudades del Estado español. Para esta plataforma, el escrache es, directamente, "la última forma que queda de luchar". "Sí, se trata de un asunto de derechos, de derechos humanos porque hay vidas en juego", zanjan. Lo defienden como un ejercicio de la libertad de expresión, aunque, desde el otro lado, sobre todo desde la bancada popular, haya quien lo califique como "una acción violenta, ilegítima y antidemocrática".
Ayer mismo su secretaria general, María Dolores de Cospedal, comparó la conducta de los escraches con el "puro nazismo", describiendo que, a su juicio, "los acosos, la violencia física y verbal, los ataques a las personas, a sus viviendas y a sus familias no refleja más que un espíritu totalitario y sectario". La dirigente popular, que por primera vez se refirió además al extesorero del PP Luis Barcenas para decir que se encuentra "indignada" con este caso, apostilló que "por muy loable que pudiera ser lo que se trata de defender, pierde todo el sentido cuando se ejerce la violencia para hacer algo así".
la papeleta, para los agentes Argumenta Edmundo Rodríguez que "no es lo mismo las manifestaciones y concentraciones delante de las casas de representantes particulares que hacerlo enfrente de entidades financieras, sedes de partidos, porque en estos no se suscitaría este conflicto de derechos que hay entre el derecho de reunión y el de la intimidad personal. Conciliar ambos es complicado porque la única solución posible es conseguir que uno y otro estén amparados". "Como la línea que les separa es tan fina es el que tiene que asegurar que se ejerciten los dos quien tiene la papeleta", añade.
De hecho, el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, calificó de "barbaridad" la instrucción del Ministerio del Interior para la actuación policial, ya que coloca a los agentes "a los pies de los caballos" y pone en riesgo su seguridad jurídica. Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree que no debe "criminalizarse" cualquier acto de reunión en el que haya críticas, "incluso de libertad de expresión", pero avisa también de que en la Fiscalía no van a ser "insensibles" ni van a quedarse "pasivos" ante "cualquier desbordamiento".
Según el coordinador de Jueces para la Democracia, "los agentes se encuentran con el handicap de que ni todos los casos son iguales, ni es lo mismo un pueblo que una ciudad, ni un domicilio particular que un despacho profesional. No existe regla general y a los afectados del derecho de reunión no les queda otra que acudir a los tribunales. Y es que por parte de algunos representantes políticos se pretende criminalizar el ejercicio del derecho de reunión, que ciertamente tiene límites si afecta a terceros".
En este contexto, el SUP estima que la instrucción supone "retorcer" la ley de Seguridad Ciudadana porque "si no se está cometiendo ningún delito ni infracción administrativa, identificar a los ciudadanos y proponerlos para sanción es hacer una lectura torticera" de esa normativa. Rodríguez ahonda en que "en el momento que Interior establezca requisitos abusivos, son los tribunales los que determinarán si los límites son razonables".
Y prosigue: "Hay que poner el énfasis en el problema y no en sus consecuencias. La presión social ha generado sensibilidad y por ello habría que volver a la idea inicial, reflejada en resoluciones en los tribunales y en ciertas actitudes de las instituciones bancarias. Ésa es la esperanza para el futuro".
"A los contrarios a las reformas les es mucho más comodo este debate que el problema"
edmundo rodríguez
Coordinador de Jueces para la Democracia
"Los escraches son nazismo puro porque reflejan un espíritu totalitario y sectario"
maría dolores de cospedal
Secretaria general del PP
"Los actos de crítica no deben criminalizarse pero la Fiscalía tampoco va a quedarse pasiva"
eduardo torres-dulce
Fiscal General del Estado
"Es la última manera de luchar, un asunto de derechos humanos con vidas en juego"
plataforma de afectados
Los jueces determinarán al final la legalidad del perímetro de seguridad frente a los domicilios de los dirigentes políticos
Dos sentencias de 1997 y 1998 dieron la razón al Departamento vasco de Interior al prohibir sendas concentraciones
