gasteiz. La viceconsejera de Justicia del Gobierno Vasco, Ana Agirre, ha reclamado que las comunidades autónomas participen de "la tarta de las tasas judiciales" con el fin de complementar "dotaciones presupuestarias" y calcula que, por esta vía, Euskadi percibiría cinco o seis millones de euros.

Agirre confirmó que los recortes afectarán a las inversiones del Departamento, por lo que la Nueva Oficina Judicial no se implantará en Bilbao esta legislatura, pero sí se hará este año en Gasteiz y Barakaldo, y el próximo en Donostia. En una entrevista concedida al portal jurídico vasco Res Pública, Ana Agirre se muestra favorable a las tasas porque "la Justicia hay que pagarla" y destaca que en el Presupuesto para 2013 existe una partida destinada a la asistencia jurídica gratuita inferior a la del año anterior pero "que es ampliable".

Tras asegurar que la Justicia gratuita está garantizada por Ley, y por tanto, se va a mantener "en los niveles que sean necesarios para cubrir ese servicio", la viceconsejera subraya que "las tasas judiciales están vinculadas a la asistencia jurídica gratuita". "El anteproyecto de ley de tasas lo que recoge es que la parte de los incrementos de las tasas judiciales tienen que financiar necesariamente la asistencia jurídica gratuita. Nosotros entendemos que las comunidades autónomas, incluida la nuestra, necesitan participar de la tarta de las tasas judiciales. Por tanto, entendemos que una parte de ese ingreso tiene que ir a cada comunidad autónoma para complementar las dotaciones presupuestarias", apunta.

Agirre recuerda que, en la asistencia jurídica, "no hay nada gratuito", y apunta que, o bien la paga el ciudadano o la administración. En esta línea, precisa que en la Ley de Presupuestos hay un fondo, llamado de fallidos, dotado con una cantidad que sería el 2% de lo que había sido el turno de oficio en 2012, "que será lo que aporte la Administración Pública".

Compartir gastos Ana Agirre considera que es necesario "mutualizar este gasto y responsabilizar a todo el mundo", por lo que aboga porque "los Colegios o que los letrados del turno de oficio participen y cofinancien de alguna manera esta situación". "Queremos negociar con los Colegios de Abogados cómo cofinanciamos ese sistema. Nos interesa que los abogados se responsabilicen de que están ejerciendo un servicio público", afirma.

La viceconsejera opina que los pleitos son "caros" y apunta que "hay jurisprudencia del Constitucional que dice que, efectivamente, no sólo las empresas, sino también los ciudadanos tienen que contribuir a mantener un servicio que ellos mismos utilizan".

"La Justicia hay que pagarla porque es un servicio público y no es barato", indica, para reconocer que la propuesta del Ministerio de Justicia "fue desproporcionada y podía afectar al derecho a la tutela judicial efectiva". Por ello, señala que no cuestiona las tasas porque "la Justicia hay que pagarla" y, por tanto, "el beneficiario de ese servicio público debe contribuir a su funcionamiento", pero añade que "las contribuciones a los servicios públicos deberían guardar relación con la capacidad económica de cada contribuyente, con independencia de la asistencia jurídica gratuita, lógicamente".