"Si el legislador no adapta la ley a la crisis, nosotros buscamos soluciones"

La sentencia es demoledora. ¿Tiene la sensación de que ustedes, los jueces, están enmendando la plana al Gobierno y a la banca?

No es eso. Lo que siempre decimos nosotros es que, si no hay reformas legislativas urgentes, la presión de los ciudadanos va a los juzgados. Por eso, al final lo que hacemos es interpretar las normas de la manera más adecuada a la realidad actual. Lo hacemos siempre con el apoyo de normas de tutela a los consumidores, de tutela frente a contratos que puedan ser abusivos. Lo que sí hacemos es que como no hay voluntad del legislador de adaptar las leyes a la crisis, buscamos interpretaciones que nos permitan solucionar los problemas.

Parece una evidencia que hay sentencias que están poniendo coto a algunos desmanes que se llevan produciendo muchos años.

Más que nada lo que estamos intentando es poner un poco de orden y por supuesto ponernos del lado de los más débiles.

¿Cree que las dos últimas resoluciones, la de la UE y la del Supremo, son un tirón de orejas a las entidades financieras?

Evidentemente son muy críticas porque durante la época de bonanza económica se había sido muy tolerante con determinadas prácticas de entidades financieras y ahora con la crisis nos toca ser un poco más restrictivos.

La sentencia de la Unión Europea sobre los desahucios abre un campo para explorar.

Sí, no es un punto de llegada sino de partida porque va a permitir a los jueces, ante una ejecución hipotecaria, que incluso puedan eliminar de oficio la cláusulas que consideran abusivas.

¿Puede significar la paralización de los desahucios?

Sí, podría llegar a significar a eso. Si se alega que hay una cláusula abusiva, se podrían paralizar y de hecho hay algunos juzgados que lo están haciendo.

Están obligados a buscar resquicios por todas las esquinas.

Sí, aunque yo creo que la sentencia abre claramente la posibilidad de suspender ejecuciones que afecten a particulares cuando se produzcan dichos abusos.

También han logrado pasar de un proceso de ejecución muy severo a uno mucho más flexible.

Sí, y sobre todo, un proceso judicial con más capacidad para tutelar a los más necesitados y a los más débiles.

Los jueces han mejorado mucho su imagen gracias a decisiones como éstas.

Es que este tipo de medidas nos ponen en sintonía con la gente. Hasta ahora parecía que no conectábamos con aquellos que están pagando la peor parte de la crisis porque los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria han sido incomprensiblemente automatizados y despersonalizados y han sido la imagen negra del país, una imagen que evidencia el fracaso al ser incapaz de dar soluciones efectivas al desamparo de mucha gente.

Se les veía a ustedes en un estrato superior, casi por encima del bien y del mal.

El problema es que los jueces y magistrados no teníamos instrumentos efectivos para poder ayudar. El proceso era una especie de impersonal laberinto donde los jueces no teníamos instrumentos eficaces para tutelar al ciudadano, donde los trámites actuaban a modo de apisonadora. Aunque la gente no se lo creía, estábamos obligados a forzar la interpretación de las normas y aún así, podíamos hacer más bien poco porque las normas son muy rígidas.

En estos momentos ¿hay muchos jueces que tengan órdenes de desahucio paralizadas?

El porcentaje es elevado porque antes de llegar la sentencia ya se paralizaban muchas ejecuciones. De hecho, en Catalunya, mi ámbito de actuación, sí hay un número importante de jueces que, por lo menos, están viendo de otra manera el tema de los lanzamientos y las ejecuciones.

¿Se corre el riesgo de que las entidades financieras se pongan más duras y restrinjan más los créditos?

No porque ya están muy duras. Yo creo que el acceso al crédito no depende de esta sentencia sino de que en un periodo de crisis, las entidades financieras, han restringido el acceso de los particulares a los créditos. Exigen muchas garantías para concederlos. No creo que vaya a haber un cambio sustancial en el comportamiento de bancos y cajas.

¿No cree usted que vayan a tomar algún tipo de represalia?

Para nada. De hecho, muchas de ellas, incluso antes de la sentencia, ya habían moderado un poco sus prácticas.

¿Podía imaginar que la resolución de la UE iba a tener esta repercusión social?

La verdad es que ha tenido un impacto emocional muy grande. Primero porque la gente está necesitada de buenas noticias. Y después, porque lo queramos o no, las ejecuciones hipotecarias son la imagen de la crisis en España. La foto de una familia abandonada en la calle rodeada de muebles, cajas y bolsas en las que guardar precipitadamente los últimos elementos de valor, pone de manifiesto uno de los principales fracasos del modelo económico español. Y ha tenido un efecto muy simbólico gracias al esfuerzo de los medios de comunicación por dar visibilidad al problema del desahucio.

¿Qué aspectos deben cambiar de la ley hipotecaria?

Llevamos por lo menos cinco años de retraso. Hasta 2007 la legislación española no había dado problemas porque la gente habitualmente pagaba. A mi juicio y también desde la perspectiva judicial, más que modificar la ejecución hipotecaria, habría que regular la insolvencia de los particulares y consumidores. En el marco de la insolvencia, debe existir la posibilidad de dar una segunda oportunidad y rebajar la deuda, tras analizar la situación económica y social del deudor.

¿El sistema hipotecario resulta muy injusto?

Sí, desde hace más de diez años distintos jueces españoles hemos planteado que nuestra legislación no era la adecuada para la tutela de los consumidores en distintos ámbitos, y de hecho desde 2000 ha habido pronunciamientos del tribunal en contratos financieros, en crédito al consumo, agencias de viajes. Habíamos advertido desde el año 93 que el Estado no era lo suficientemente ágil para la tutela de los consumidores. Con la crisis, todas esas alarmas saltan con más virulencia y desde 2008 se ha visto la necesidad de un cambio legislativo que adaptara la legislación española al contexto de la crisis.