Vitoria. El hashtag #NoalCascoObligatorioConBici se propagaba desde hace días con velocidad vírica por las redes sociales. Era cuestión de tiempo que el Ayuntamiento de Vitoria reaccionara. Y lo hizo ayer mismo, echando a rodar la maquinaria con la presentación de alegaciones en contra de la obligatoriedad de este elemento en la ciudad, una de las medidas más controvertidas contempladas en el borrador del nuevo Reglamento General de Circulación de la DGT. El Consistorio gasteiztarra está convencido de que ponérselo no evita graves lesiones pero sí desincentiva el uso de la bicicleta.
La reacción municipal llegó justo a tiempo, en la recta final del plazo de diez días naturales establecido en el propio borrador de la normativa. Y llegó gracias al PSE, impulsor del acuerdo con la convocatoria de una Junta de Portavoces para aprobar las alegaciones al plan de la DGT. La principal se enfrenta al artículo 147, rechazando el uso de cascos de protección homologados en la ciudad por no estar "suficientemente contrastada su justificación de uso". Según el Consistorio gasteiztarra, este sistema no garantiza que no se produzcan lesiones de importancia en gran parte de las colisiones entre automóviles y ciclistas, "las cuales por el contrario sí podrían atenuarse de manera importante a través de la adopción de otras medidas activas, como el calmado de tráfico".
No puede ser casualidad que, salvo Eslovenia, ningún otro estado miembro de la UE exija el uso del casco ciclista en el ámbito urbano. Por otro lado, existen "evidencias constatables" de que aquellos países que han reglamentado la utilización de este sistema, como Australia, Nueva Zelanda y Canadá, han sufrido "un descenso notable de la presencia de la bicicleta en la movilidad urbana cotidiana". Y ese es precisamente el escenario del que rehuye Vitoria, que se ha marcado como reto para el año 2020 que el 15% de los desplazamientos se realice en bici. Además, el PSE advirtió de que la viabilidad de la puesta en marcha de un servicio de alquiler -al que el Consistorio no termina de renunciar- "quedaría en entredicho", con la correspondiente afección que conllevaría sobre la creación de puestos de trabajo.
Casco aparte, el Ayuntamiento de Vitoria ha presentado alegaciones a otras dos cuestiones relativas a la posición de las bicis en la calzada. El borrador de la DGT conmina a los ciclistas a circular de manera preferente por el carril derecho en arterias con límite de velocidad igual o inferior a 50 kilómetros por hora para favorecer el tránsito de los vehículos que se muevan más rápido, y también a ir lo más pegados posible al arcén si la carretera sólo tiene una vía. El Consistorio no comparte esta última reflexión, ya que "tal práctica puede ir en muchos casos en contra de la integridad física del ciclista, al no garantizarse unas mínimas distancias de seguridad entre el bicicletero, el vehículo que le adelanta, los coches mal aparcados...". El artículo 176, tal y como está redactado, llevaría a situaciones de indefensión, por lo que desde Vitoria se aboga por usar el centro del carril.
Tampoco gusta el 179, que propone que en los pasos para peatones que no cuenten con accesos específicos para bicicletas los ciclistas podrán utilizarlos para cruzar la calzada, adaptándose a la velocidad del viandante, y con prioridad de paso sobre los vehículos a motor. Atendiendo a la seguridad vial, el Consistorio gasteiztarra considera "inapropiado" otorgar la preferencia a los bicicleteros sobre los coches en cualquier tipo de paso de cebra. "Las características de la circulación de éstos no hacen sino indicar que esta prioridad supone un riesgo tan evidente como evitable. De hecho, las estadísticas de accidentalidad reflejan que, a día de hoy, la mayor parte de las colisiones entre automóviles y bicicletas se está produciendo en este tipo de situaciones", advierte el Ayuntamiento en su alegación. Así que, por una cuestión de coherencia, Gasteiz ha mostrado su oposición a esta medida que plantea la DGT.
No está sola nuestra ciudad en esta batalla contra el uso obligatorio del casco ciclista y las controvertidas recomendaciones de posición en la vía. El clamor se extiende por todos los ayuntamientos de la FEMP (Federación española de municipios y provincias) y resuena en la calle.