MADRID. El Gobierno español y el Parlamento no tienen más remedio que ponerse manos a la obra para revisar y modificar las leyes que regulan los desahucios y las cláusulas bancarias ya que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que contravienen la norma europea de protección al consumidor. La decisión obliga a España a modificar parte de su legislación y abre una puerta a la esperanza para las casi 200.000 familias -más de 3.500 de ellas en Euskadi- que en estos momentos se enfrentan a procesos de ejecución hipotecaria sin las suficientes garantías jurídicas y soportando, en muchos casos, cláusulas abusivas e intereses desorbitados.
El Gobierno español -que el jueves, tras conocer la sentencia del TUE, se comprometió a adaptar la legislación- anunció ayer que cambiará la Ley Hipotecaria con el fin de que solo se produzcan desahucios en el caso de que se hayan producido al menos tres impagos de la hipoteca, en lugar de un solo impago como se exige hasta ahora, según dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Adelantó que el Gobierno va a reforzar la capacidad para detectar cláusulas abusivas relacionadas con las hipotecas, facilitar que se conozcan entre la sociedad y evitar que se incluyan en los contratos hipotecarios.
El Ejecutivo tiene intención de determinar como abusivas algunas cláusulas y eliminarlas del ordenamiento jurídico. En concreto, pretende limitar los intereses de demora. "Se va a introducir una enmienda en el nuevo decreto de ley de manera que se reduzcan los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero (actualmente en el 4 %). No se podrá pactar un interés de demora por encima de ese interés", precisó la vicepresidenta.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría explicó que el Ejecutivo ha constituido un grupo de trabajo compuesto por los Ministerios de Justicia y Economía y Competitividad para estudiar las reformas necesarias a la hora de trasladar a la normativa española la sentencia del TUE.
La vía para acatar la sentencia será la normativa que afecta a los deudores hipotecarios y la procedente de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre desahucios, ambas en trámite parlamentario y que, según lo previsto, se unirán en la fase final del procedimiento.
Nuevo retraso Ayer el Congreso de los Diputados amplió hasta el jueves 21 de marzo el plazo de presentación de enmiendas a la ILP sobre dación en pago retroactiva, moratoria de los desahucios y parque público de vivienda en alquiler, con el objetivo de dar margen a los grupos políticos a estudiar cómo modificar la normativa hipotecaria para subsanar las ilegalidades detectadas por el Tribunal de la UE.
Tras admitir por unanimidad a trámite la iniciativa popular, PP y PSOE acordaron acelerar los plazos para poder fundir el texto con el del proyecto de ley Antidesahucios promovido por el Gobierno. Sin embargo, ante la previsión de que el Tribunal de Luxemburgo emitiera un fallo sobre la Ley Hipotecaria española, se decidió paralizar la tramitación. Ahora, tras las críticas europeas a las leyes españolas, la Cámara baja ha decidido ampliar el plazo de enmiendas para incorporar las modificaciones exigidas por el Tribunal. De esta manera, el texto definitivo no podrá ser enviado al Senado hasta después de Semana Santa, con lo que la aprobación de la ley se retrasará al menos un mes con respecto a las previsiones iniciales. Sin embargo, según algunas fuentes, el proceso se podría retrasar aún más, ya que el Gobierno se plantea dilatar los plazos al menos hasta mayo a la espera de una directiva europea que regulará el mercado hipotecario.
En este sentido, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, se refirió ayer al fallo del TUE y destacó que "la legislación en España fuera tan dura es algo que siempre me ha sorprendido mucho, y que ahora se inste a mejorar la situación constituye una prueba de que no se puede decir que Europa va siempre en contra de las personas".
"con la pluma de la banca" En opinión del portavoz económico de IU en el Congreso, Alberto Garzón, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE refleja que "las leyes en España se escriben, prácticamente, con la pluma de los bancos". Aseguró que el Gobierno español "tiene ahora la pelota en el tejado" y debe acometer una nueva regulación normativa, que resuelva el problema de acceso a la vivienda y de los desahucios.
Recordó que existe una Iniciativa Legislativa Popular sobre dación en pago, respaldada por más de un millón de firmas, que está en trámite parlamentario, y defendió la necesidad de que el Gobierno elabore una nueva norma que incluya las consideraciones de la sentencia, las propuestas de esta ILP y el stock de viviendas.
También el juez José María Fernández Seijo, que llevó la Ley Hipotecaria española ante el TUE, destacó que "en general en toda la contratación mercantil de grandes entidades con consumidores hay cláusulas que no se pueden negociar, cláusulas oscuras. No es un problema sólo de la contratación bancaria sino de lo que es la contratación entre consumidores y grandes contratantes".
Ante esto, el Consejo General del Notariado pide al Gobierno que modifique el sistema de notificación de las cláusulas abusivas para mejorar el acceso de los notarios a las mismas y evitar, a su juicio, "la confusión y los retrasos" que genera la actual legislación. Los notarios tildan el actual sistema de "ineficaz", basado en la publicación de las cláusulas abusivas en el Registro de Condiciones Generales de Contratación, previa sentencia.
