Bilbao. La doctrina que marca el Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley hipotecaria y los procesos de desalojo es "inmediatamente aplicable" y también obliga a una modificación de las leyes. El Gobierno español se comprometió ayer a realizar esta obligada modificación y aprovechará la reforma de la ley hipotecaria que tramita actualmente el Congreso -que agrupa el proyecto derivado del decreto ley del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular de la dación en pago-, para adaptar la legislación española a la sentencia.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón dijo ayer que asume "el compromiso de que todos los aspectos que haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos", pero no quiso pronunciarse sobre si la sentencia tendrá algún efecto en la práctica y con carácter inmediato en las resoluciones judiciales sobre desahucios,

kutxabank En el plano de la aplicación práctica de la sentencia, el presidente de Kutxabank, Mario Fernández, dijo ayer al respecto que no le preocupa el fallo en sí, sino cómo se introduzcan en la legislación española esos principios. Fernández aseguró que no le causan "especial preocupación" los "posibles supuestos de cláusulas abusivas" mencionados en la sentencia.

"Es evidente que nosotros no ejecutamos después del primer impago, es evidente que nosotros agotamos todas las posibilidades para llegar a un acuerdo, de hecho en 2012 hemos llegado a más de 3.000 acuerdos, y por otro lado tampoco cobramos el interés de demora del 19 %, con lo cual las cláusulas presuntamente abusivas no es una cuestión que nos preocupe", afirmó. Puntualizó que, "en todo caso", le puede preocupar "el modo en el que el legislador introduzca la doctrina de esta sentencia" para que sea de forma "proporcional a todos los intereses en juego".