Datos, estadísticas y discursos. La seguridad ciudadana -o la ausencia de ella- acostumbra a aparecer en los más variopintos formatos numéricos, casi como trama gruesa de la estrategia del gestor político de turno. Rutina social, endémica de comportamientos heredados en las administraciones públicas que ensalzan recortes en las cifras de delitos o que enmascaran todo lo contrario con el apunte adecuado, cocinado éste por los asesores y aderezado por los principios que guían la confrontación política. Y poco más. La delincuencia continuará mientras se mantenga el espíritu humano y, así, se la seguirá usando como recurso y ápice oratorio. No obstante, como de costumbre, se obviarán sus consecuencias, ésas que afectan a las víctimas, de las que poco o nada se sabe, salvo que son protagonistas de unos hechos que superan el filtro del interés social. Pero, ¿quiénes son?
En los delitos contra las personas, los varones aparecen sobrerepresentados entre los damnificados por homicidios. Sin embargo, tomando la cifra total de lesiones y malos tratos, las mujeres representan más del doble en el conjunto de las víctimas. Ellas reciben la violencia en el entorno familiar, mientras que ellos son mayoría en casos de lesiones fuera de dicho ámbito.
Sin embargo, sigue habiendo preguntas que pocas veces se hacen y que, por lo tanto, pocas veces obtienen respuesta. Quizás, porque no interese encontrar el quid de la cuestión o quizás porque convenga socialmente dar por sentadas ciertas realidades. Sea cual sea la opción dominante, el hecho es que la seguridad ciudadana abunda en estudios y análisis y en los apartados diarios reservados al morbo allí donde éste cotiza. Existe. Como existen quienes lo recogen y ofrecen, bien como detalle, bien como debate. Pocas veces como fe de hechos completos. Importan el qué y el cómo, mucho menos el quién o el por qué. Los delitos y las faltas se narran por sus resultados. No por sus protagonistas. Y, entre estos, las víctimas de los mismos, son por derecho propio las grandes olvidadas de la historia menos agradable de la sociedad alavesa.
Los números dictan que en 2012 hubo 13.748 víctimas de actividades delictivas en Álava. Nada más y nada menos. Todas ellas con sus datos de filiación y con su historia particular. Casi 14.000 perfiles diferentes, cada uno hijo de sus circunstancias pero que, sin embargo, pueden bosquejar entre todos una suerte de rasgos comunes que ayuden a su definición.
En los casi 14.000 casos atendidos por la Ertzaintza durante el pasado ejercicio en el conjunto del territorio histórico se distinguen actuaciones policiales, operativos y actividad de investigación, con conclusiones que alertan, por ejemplo, que los robos con fuerza en domicilios tuvieron un "incremento muy notable", al pasar de 359 a 442, un 23,1% más. Datos y estadísticas. Sin identidades que, de tenerse en cuenta, explicarían que en la mayor parte de los delitos contra el patrimonio -robos en casas, coches o propiedades-, ellos son mayoría entre las víctimas. Según la Policía autonómica, tal circunstancia se reitera en el victimario salvo en casos concretos. Por ejemplo, en los delitos de robo con violencia e intimidación. En ellos, ellas copan la representación de las damnificadas. También lo hacen en los delitos contra la libertad sexual. Los escasos casos masculinos tienen que ver con expedientes escabrosos en los que se atenta contra menores de edad.
Con idénticas armas que los responsables de la presentación de la actividad delictiva, se puede determinar que el grueso de las víctimas de robo con violencia o intimidación en la capital alavesa se corresponde con el perfil de una persona menor de 35 años, preferentemente, varón. Sin embargo, conforme avanza la edad, las mujeres aparecen más representadas. Los registros dicen que son el 57% de las víctimas en aquella población de más de 46 años, el 63,4% en la franja de más de 66 y el 64,6% entre las personas de más de 75 anos. Apunte muy interesante, que avala la progresiva feminización de las víctimas de la delincuencia.
Éste y otros son los detalles del Diagnóstico de Seguridad utilizado desde el Ayuntamiento gasteiztarra para articular parte de su estrategia en materia de seguridad ciudadana. A partir de los datos recabados a lo largo de la experiencia diaria de policías, fiscales y gestores políticos, se puede determinar que buena parte de los delitos de robo y hurto se cometen en calles que no figuran entre las consideradas popularmente como las más peligrosas por parte de los vecinos. La información, tanto sobre los entornos urbanos en los que se cometen este tipo de delitos, como sobre los responsables de los mismos, apuntan a una mayoría de crímenes producidos en espacios públicos y por parte de personas que no pertenecen al entorno familiar de la víctima.
Todo ello da cuerpo a la información que obra en poder del Consistorio gasteiztarra y que se completa con opiniones sobre seguridad ciudadana, que ofrecen datos de victimización objetiva que evidencian un menor impacto de la delincuencia en Vitoria con relación a Bilbao y a Donostia. Según esta fuente municipal utilizada en el Diagnóstico local de seguridad, el porcentaje de población que ha sufrido acciones delictivas en el ultimo año es del 3,6% en la capital alavesa. Ello se traduce en la constancia de que más del 60% de la población gasteiztarra afirma sentirse segura andando por su barrio en horario nocturno, cuando, precisamente, se espera lo peor. El miedo a sufrir un delito en primera persona es muy escaso. No obstante, en materia de sensaciones, que poco o nada tienen que ver con realidades tangibles, se dan por hechas algunas excepciones, que se encuentran principalmente dentro del colectivo de comerciantes y, en menor medida, en el de personas mayores, entre mujeres y chicas jóvenes.
Con respecto a la valoración de la probabilidad de sufrir un delito, es decir la percepción sobre el grado de seguridad del entorno, nuevamente la valoración global es que Gasteiz sigue siendo una ciudad tranquila, pero en la que el nivel de seguridad está descendiendo año a año. En el citado informe municipal se destaca la amplificación que los medios de información pueden involuntariamente generar a partir de los delitos cometidos con relación a la cultura del miedo, paralizante y negativa para la comunidad.
