"para un inmigrante sin papeles, vivir con un poquito de dignidad es una carrera de obstáculos". Mireya Perea, portavoz de la Coordinadora de Inmigrantes y Refugiados de Álava (Kira), resume en esta escueta reflexión el calvario que acostumbran a sufrir las personas que llegan al territorio en busca de un futuro mejor partiendo de cero. Perdidos, en muchas ocasiones solos, sin permiso de residencia ni conocer el idioma. Colombiana de Charalá, "la cuna de la insurrección de los comuneros" -puntualiza orgullosa-, Perea suma ya 15 años de vida en Gasteiz tras una larga trayectoria de trabajo social, pedagógico y en favor de los derechos humanos en su país, donde fue profesora de Educación Primaria y sindicalista, lo que terminó por forzarle a una dolorosa huida a causa de la persecución. Su experiencia anterior la vinculó muy pronto a los movimientos sociales locales y la ha convertido, hasta la fecha, en guía y educadora de inmigrantes de toda procedencia. Kira no se entendería a día de hoy sin ella. "Podría haberme quedado muda, ciega y sorda, viviendo como viven los vegetales, con mi salario, pero me di cuenta de que había muchas desigualdades sociales e injusticias", remarca Perea.
Una amplia sala de la casa de asociaciones Itziar, un crisol de culturas ubicado en pleno barrio de Arana, sirve de escenario para su encuentro con este periódico. Aquí hay sitio para colectivos de senegaleses, marroquíes, cubanos, colombianos, guineanos... Espacios de encuentro y ayuda para empoderar a la población inmigrante que de un día a otro llega a Gasteiz y apenas cuenta con recursos para salir adelante.
El asociacionismo, punta de lanza histórica de la capital alavesa, realiza un trabajo esencial en este sentido, una amplia y tupida red que los recortes motivados por la crisis también amenaza con resquebrajar. Por fortuna, personas como Perea que se dedican altruistamente a estas labores sociales todavía proliferan en la ciudad. "Te encuentras con un hueco complicadísimo de llenar, porque muchos inmigrantes tienen unas capacidades mínimas que se unen a un sistema muy excluyente y desigual", advierte.
Muy cerca de ella se encuentra David Puente, trabajador social y voluntario de la asociación cultural Amaru, que trabaja por la igualdad y la visibilización de las mujeres, "principalmente" inmigrantes. A juicio de Puente, este sector de la población sufre "muchos problemas", que además se han "agravado" debido a la coyuntura económica, aunque hay dos que sobresalen por encima de todos: La dificultad para regularizar su situación y los "prejuicios" de los autóctonos, que en muchas ocasiones conducen a la discriminación. Puente analiza esta segunda problemática: "Muchas personas que vinieron a trabajar aquí y que en su día tuvieron hijos, que son tan de aquí como cualquiera, fueron vistas durante años como ajenas a la sociedad. Se les ha visto como personas-producto, no a nivel conceptual. Y ahora se están viendo las consecuencias de lo que se ha ido sembrando durante años", analiza.
un largo proceso Al margen de los estereotipos, el proceso que las personas inmigrantes que no tienen papeles deben seguir para poner en orden su situación legal es largo y tortuoso. Esa carrera de obstáculos a la que Perea hace referencia. Si no cuentan con un contrato de trabajo, les esperan tres largos años de indocumentación durante los que la Policía puede descubrirles y dictar una fulminante orden de expulsión. Meses de temor, precariedad, dificultades y, en la mayoría de las ocasiones, subempleo. Pasado ese tiempo, con el padrón de tres años en la mano, un contrato de trabajo y haber demostrado buena conducta, pueden comenzar el recorrido para lograr el permiso de residencia y trabajo, la regularización por arraigo. El problema es que a día de hoy "no hay trabajo para nadie", lo que supone una nueva traba para lograr este objetivo. "Muchas personas viajan por el mundo para solucionar sus problemas personales porque los Estados no son responsables para que sus ciudadanos vivan bien. Y encuentran otros Estados donde suponen que van a vivir mejor, pero todo es igual, y teniendo que trabajar de sol a sol", recuerda Perea.
Puente, entretanto, remarca que la dificultad existente para regularizar la situación de los inmigrantes lleva frecuentemente a situaciones de "desempleo y subempleo". A juicio de la portavoz de Kira, la crisis también ha agravado la situación para la población inmigrante, que ha provocado un éxodo masivo de muchas personas hacia sus países de origen. Según los datos que maneja, en lo que respecta a Álava, mayoritariamente ecuatorianos, colombianos y bolivianos, ante la falta de oportunidades.
Los recortes en materia de Sanidad merecen un epígrafe aparte, aunque afortunadamente en Euskadi una decisión política ha permitido seguir prestando asistencia a la población inmigrante que no tiene papeles, a instancias del anterior Ejecutivo socialista. Perea, en este sentido, carga contra las instituciones del Estado, "que piden integración a los inmigrantes", pero al mismo tiempo "dividen a la población" con este tipo de medidas. "Dan ese ejemplo. Así, ¿cómo se va a integrar a esas personas? hay derechos clasificados para unos y para otros", lamenta. Puente también ahonda en esta realidad. "Todo el mundo paga sus impuestos y tiene derecho a esa atención, desde el momento en que vas al supermercado y estás pagando el IVA. Eso no lo hace, el aportar a la caja, quien no tiene escrúpulos y saca su dinero fuera del país", ejemplifica.
Lo que sí ha pasado a la historia es el derecho a la justicia gratuita en el territorio, otro aspecto que ha tocado de lleno a la población inmigrante. "Muchos se encuentran en una situación de total indefensión en estos términos. La atención jurídica es urgente y necesaria", advierte la portavoz de Kira.
Las dificultades económicas de las familias autóctonas y las declaraciones -poco afortunadas en bastantes ocasiones- de ciertos representantes políticos también han removido en amplios sectores de la sociedad un sentimiento reforzado de rechazo al diferente, según Puente y Perea. "Aunque la gente es bastante tolerante aquí, sigue habiendo prejuicios y discriminación", asegura el primero.
Perea, por su parte, pone el foco en el reciente endurecimiento de las condiciones para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Actualmente, es necesario acreditar tres años de empadronamiento o haber cotizado a la Seguridad Social durante seis meses. "No creo que la Administración diese antes ayudas a una persona inmigrante por el simple hecho de serlo, sino porque cumplía los requisitos. Estos mensajes escuetos hacen salir a flote en la sociedad gérmenes xenófobos y racistas que fomentan la exclusión", advierte Perea.
Pero al margen de episodios recientes como éste, ¿puede considerarse racista a la población de Gasteiz? La coordinadora de Kira cree, y se trata de una percepción inamovible desde que llegó a la ciudad, cree que la sociedad local "es muy burguesa", lo que no significa necesariamente ser racista. "Existe cierta idiosincrasia de creerse superiores... pero esa visión de clase social, de diferenciación de clases, no sé si está unida al concepto de racismo", advierte Perea.
