Vitoria. Una sentencia judicial del año 2007 hizo ayer que la huelga indefinida de los conserjes y cancheros del Ayuntamiento vitoriano, todo un éxito en cuanto a participación de los convocados, no tuviera en la calle la repercusión que buscaban sus promotores. Aunque según el comité de empresa el 100% de la plantilla ejerció su derecho al paro, suspendido el pasado lunes en espera de alcanzar un acuerdo y reactivado ayer con las posiciones de nuevo enconadas, los centros cívicos e instalaciones municipales abrieron. El concejal de Función Pública, Manu Uriarte, se guardaba como as en la manga la citada sentencia judicial, en virtud de la cual la apertura de los edificios municipales no es competencia exclusiva de los oficiales de control, por lo que enviar al coordinador de zona, como se hizo, a levantar la persiana, no vulnera el derecho a la huelga y a la vez la hace invisible de cara al ciudadano.

El comité de empresa no coincide en absoluto con el PP, y de hecho ayer afirmaba que la medida busca "esconder el éxito" de la convocatoria y es "ilegal", pues "la legislación deja clara la prohibición de sustitución de trabajadores en huelga, referida también a los que perteneciendo a su plantilla no desempeñen habitualmente las tareas propias de los huelguistas".

Los sindicalistas tienen de su parte a la oposición en bloque. Ayer PNV, PSE Bildu terciaron en la polémica y en un comunicado denunciaron que "el PP está vulnerando el derecho a la huelga de estos trabajadores". Según los tres partidos, "el alcalde, Javier Maroto, ha suspendido transitoriamente la directiva de Alcaldía que prohibe sustituir al personal municipal, con el objetivo de recurrir a la bolsa de empleo para cubrir las ausencias de la huelga". Además, las tres formaciones alertan a los usuarios de "la irresponsabilidad del Gobierno al permitir la apertura de las instalaciones sin ningún tipo de control ni vigilancia".

Parece que será un juez quien decida si las medidas de excepción adoptadas por Maroto son legales o no, pero mientras tanto el equipo de gobierno, ayudado por la Policía Local -ayer había al menos un agente en cada instalación municipal-, logró en buena medida invisibilizar la protesta. Eso sí, hubo "algún altercado" como consecuencia de la presencia policial en los doce centros cívicos y en los otros tantos edificios municipales afectados, según el PP. En palabras, en Radio Vitoria, de la portavoz del comité, Mónica Gómez de Segura, la apertura a primera hora de Ariznabarra y Arana se debió a "malentendidos". Uriarte denunció que algunos trabajadores hicieron huelga "coaccionados" por los sindicalistas.

Sin Benito Lertxundi En todo caso, usuarios de las piscinas, de las canchas deportivas o de las salas de lectura, pero sobre todo las personas dependientes de los servicios sociales, se vieron afectados por el paro principalmente por la mañana, y por la tarde hubo que suspender el concierto de Benito Lertxundi previsto en el Principal, y que pasa a celebrarse el 11 de mayo con las mismas entradas como salvoconducto. Quien quiera que se le devuelva el dinero puede solicitarlo desde la misma tarde de ayer en el mismo lugar donde adquirió su ticket.

Lo del bardo de Orio ya no tiene vuelta atrás, pero donde realmente van a medir sus fuerzas Consistorio y comité va a ser en el frontón Ogueta, donde en teoría se deberían batir esta tarde Irujo y Zabaleta con Bengoetxea y Beroiz, si es que hay alguien para abrir la puerta y dejar entrar a los 2.000 espectadores que se han hecho con una localidad. Uriarte afirma que el partido se celebrará, y los sindicatos aseguran que si hay festival habrá también demanda judicial contra el Ayuntamiento.

La huelga, por otro lado, tiene como telón de fondo principal la estabilidad de los puestos de trabajo de estos oficiales de control, que se manifestaron a las 10.00 horas en la Plaza Nueva. Sin embargo, cada parte interpreta a su manera el plan de reestructuración que ha sacado a estos empleados a la calle.

Según el concejal de Función Pública, Manu Uriarte, la única exigencia que hay es la de trabajar una semana de cada cuatro a jornada partida a cambio de 90 euros mensuales y cinco días de vacaciones. Uriarte afirma que se prolongará el contrato a los trabajadores no consolidados un año y medio más -su relación con el Ayuntamiento se extinguía este verano-, y posteriormente se estudiará si se les hace fijos.

Según ELA, el Ayuntamiento ha impuesto su plan sin contar con los afectados, un plan que obliga a los trabajadores a sacarse una certificación voluntaria si no quieren perder sus empleos. El Ayuntamiento sostiene que sólo dos personas no han pasado esta prueba; una de ellas se examinará este mismo mes y otra no ha solicitado realizarla.

Entre los 83.000 usuarios de las 24 instalaciones municipales afectadas por la huelga están los del centro cívico Aldabe, uno de los más activos, y que ayer abrió sus puertas por la tarde. Muchos de sus habituales no sabían ni siquiera que había huelga, otros desconocían los motivos exactos que la han ocasionado. Ese es el caso de Sergio Goñi, que antes de acercarse a la instalación con la bolsa de la piscina quiso cerciorarse de que estaba abierto. Si hubiera tenido que darse la vuelta, no le habría importado. "Me parece justo que la gente reivindique en esta situación en la que estamos, que pueda luchar por sus derechos, y si me tengo que quedar sin hacer ejercicio ya me buscaré la vida", asegura convencido.

El paquistaní Amjad Hayat opina lo contrario. Cree que Aldabe debe abrir para atender a sus usuarios. "Los trabajadores del Ayuntamiento son buena gente y respeto lo que hagan porque me tratan bien, pero yo prefiero que no cierren, yo quiero que esté abierto", sentencia. Iker Uribe, por su parte, iba ayer a sacarse el bono de la piscina cuando se encontró con los carteles que llamaban a la huelga. "No conozco muy bien el problema, pero las cosas están como están y hay que respetar que los trabajadores se muevan, porque no se puede tragar y tragar mientras arramplan con todo", explicaba a DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA.

A Iñaki Sáez de Ibarra le habrían hecho una faena si le cierran ayer la piscina del centro cívico, y en ese sentido considera que "tendrían que dejar al menos un centro abierto, o que se turnen", pero a la vez entiende que "si se cierra todo harán más fuerza en sus peticiones, si quieren cobrar algo más o lo que sea".

El colectivo de oficiales de control de mantenimiento básico, que está formado por empleados de mantenimiento básico y conserjes, consta de 133 trabajadores, de los cuales 80 son personal fijo, 53 son interinos y otros 17 son puestos en contrato de programa.