vitoria. Sin oficiales de control ni conserjes, los centros cívicos, polideportivos y buena parte de los edificios municipales no pueden estar abiertos. Y ésa es la situación a la que Vitoria se enfrenta desde hoy si el inicio de la huelga indefinida convocada por el comité de empresa del Consistorio gasteiztarra se secunda de manera masiva. Un escenario que, según las estimaciones de los sindicatos, va a precipitarse ya mismo. De nada han servido las reuniones celebradas entre el Gabinete de Javier Maroto y los portavoces de los funcionarios para tratar de llegar a un acuerdo sobre el plan de ordenación de la atención ciudadana impulsado por el PP, que contempla que estos funcionarios asuman las labores que ahora realizan las subcontratadas de SIC. La postura del equipo de gobierno es inamovible, a pesar de que el lunes se dejó en suspense la protesta ante la sensación de que podía haber margen para negociar.

El impacto del conflicto en la ciudadanía va a ser inevitable. Si no hay personal en los puestos de oficiales de control, los edificios no levantarán la persiana y todas sus actividades podrían quedar suspendidas. La Federación Alavesa de Pelota aseguró que el campeonato del sábado en el frontón Ogueta se mantiene, pero el torneo europeo de kick boxing previsto para mañana en Mendizorroza podría trasladarse a Nanclares. La que se cancelaría seguro es la programación habitual, compuesta por talleres, música, propuestas deportivas... Por no hablar del simple hecho de acudir a las instalaciones de la red municipal para disfrutar de un rato de lectura o de juegos.

No habrá servicios mínimos, porque ésta es una figura que sólo se contempla cuando la prestación "es esencial". Y, según explicó ayer el equipo de gobierno, no es el caso del entramado de centros cívicos y polideportivos de la ciudad. El conflicto, así pues, está servido, para disgusto del comité de empresa, consciente de la afección para la ciudadanía. Sin embargo, los sindicatos tienen claro que sólo hay un culpable: el PP. La secretaria del comité de empresa, Mónica Gómez de Segura, no pudo ser más contundente. "Nos preocupa que la gente se vea perjudicada, pero sólo hay un responsable, Javier Maroto. Él nos ha llevado a esta situación con la imposición de un plan que no gusta a nadie, ni a los trabajadores ni a los grupos políticos, por su negativa a negociar un plan que pueda beneficiar a todos. Demostramos buena voluntad de llegar a un acuerdo, aplazando la huelga que empezaba el lunes, pero por parte del equipo de gobierno sólo ha habido chulería y mentiras", sostuvo.

Los representantes de los trabajadores creen que desde el equipo de gobierno se generaron expectativas que finalmente no se han cumplido, con la publicación ayer mismo en la intranet de una propuesta que tiene "carácter definitivo". El plan para que los oficiales de control asuman pasada la Semana Santa la labores de atención ciudadana que ahora ejercen las subcontratadas de SIC es, a juicio del comité, "ambiguo, farragoso, inconcreto y usa el chantaje con la amenaza de que o se acepta el paquete entero o se mantendrán las medidas ya aprobadas". El devenir de las plazas de programa, el nuevo calendario y las compensaciones económicas por los cambios que conlleva el proyecto son los principales elementos que alimentan la fricción.

puntos de fricción El equipo de gobierno aseguró que la fecha de revisión de las las plazas de programa de oficiales de control se aplazará al 31 de diciembre de 2014, pero el comité advierte de que en este compromiso no entran los trabajadores que no realizaron el examen necesario para promocionarse y tener la opción de asumir las labores de la subcontrata. Una situación en la que se encuentran dos personas, aunque el PP recordó que hay una nueva convocatoria el día 27. De poco le vale el matiz a los sindicatos. "Ellos decían que era voluntario presentarse y nosotros asegurábamos que se estaba obligando a la gente a hacerlo para no quedarse en la calle, y ha quedado claro que teníamos razón".

El plan tampoco garantiza, según alertó el comité de empresa, la sustitución de todas las bajas de los oficiales de control. Sólo de aquellas que afecten a quienes tengan el certificado creado por el PP y que, por tanto, asuman labores de atención ciudadana. Además, con el nuevo calendario, de cada cuatro semanas, estos funcionarios tendrán que trabajar una a jornada partida. Una modificación que altera sustancialmente las actuales condiciones laborales de esta parte de la plantilla y, por ende, la conciliación de la vida laboral y familiar tal cual la tenían planificada ahora. El equipo de gobierno explicó, en su defensa, que a cambio luego habrá cinco días libres. Los empleados, sin embargo, matizaron que esta compensación ya existe en la actualidad.

La otra contraprestación del plan del PP es el abono de un plus de 90 euros brutos al mes para los oficiales de control que aumenten su carga de trabajo al ser destinados al servicio de atención ciudadana de los centros cívicos. Y tampoco gusta al comité de empresa. "Deben valorarse los puestos de trabajo y pagar de acuerdo a las funciones que se realicen", reivindicó Gómez de Segura, quien además recordó que esa cantidad sólo supone 30 euros más respecto a la cifra inicial.

No puede ser más grande la brecha entre las dos partes. Y parece difícil que el equipo de gobierno tienda la mano, pese al perjuicio social que va a generar la huelga indefinida. Por ahora, se mantiene tranquilo. Tal vez porque espera que la protesta no tenga un gran efecto. El concejal de Función Pública, Manu Uriarte, aseguró que a las asambleas de trabajadores celebradas esta semana ha acudido menos de la mitad de los oficiales de control. "Es difícil que nos podamos juntar todos. Pero si se ha convocado es porque hay seguimiento", replicaron desde el comité de empresa. Hoy, la duda quedará clarificada.