vitoria. Los juzgados de Euskadi funcionaron ayer a medio gas debido al alto seguimiento de la huelga convocada para protestar contra la ley de tasas, las reformas decretadas por el ministro Ruiz Gallardón y en defensa de "una Justicia de calidad". Más de la mitad de los jueces y fiscales del País Vasco secundaron el paro, que contaba con el apoyo de todos los sectores relacionados con la Justicia y diversas organizaciones sociales, lo que provocó la suspensión de un buen número de juicios y vistas y la paralización total de algunos partidos judiciales. En el resto del Estado español el seguimiento superó el 60%, aunque según el CGPJ solo lo secundaron el 40,23% de los jueces. Se calcula que en total ayer se suspendieron unos 10.000 juicios y señalamientos.
Según los datos aportados por las asociaciones convocantes, 103 de los 187 jueces titulares que hay en la CAV secundaron la huelga, lo que supone el 55% del colectivo y "un éxito importante" en opinión del portavoz en Euskadi de Jueces para la Democracia. La lectura más clara de la respuesta que colectivos judiciales, funcionarios, abogados y sindicatos han dado a la convocatoria es que hay mucha unión y un fuerte respaldo a las reivindicaciones de jueces y fiscales, que llevan meses intentando que Ruiz Gallardón retire alguna de sus reformas y reconsidere medidas como la fuerte subida de las tasas judiciales o la eliminación de jueces sustitutos.
La suspensión de vistas y juicios, que había sido advertida con anterioridad a las personas afectadas, se hizo notar a lo largo de la jornada de ayer por una menor presencia de ciudadanos y profesionales del Derecho en los juzgados. El magistrado Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia, señaló ayer que a pesar del importante seguimiento de la huelga se habían respetado escrupulosamente todos los servicios mínimos y se había garantizado la Administración de Justicia en el caso de detenidos, medidas cautelares y vistas en procesos de familia. "Esos juicios se han celebrado, no se ha suspendido ninguno", afirmó Edmundo Rodríguez.
En la concentración celebrada a mediodía en las escalinatas de acceso al Palacio de Justicia de Bilbao el portavoz destacó que la protesta realizada "por los representantes de la judicatura, fiscalía, abogacía, funcionarios, sindicatos y sociedad es una demostración de unidad que viene a hacer saber que los problemas que sufre la Administración de Justicia no son el problema de unos pocos sino de todos los que trabajamos en ella". Edmundo Rodríguez recordó que desde el pasado mes de octubre las asociaciones judiciales y fiscales vienen pidiendo al Gobierno español "la adopción de las medidas necesarias para garantizar una Justicia de calidad: un incremento de la planta judicial y fiscal similar a los estándares europeos, la paralización de la reforma unilateral del CGPJ, el mantenimiento del porcentaje de inversión en la Administración de Justicia, la paralización del estatuto judicial y fiscal para no perjudicar más las condiciones de trabajo de estos colectivos y los funcionarios y que no se establecieran tasas judiciales que impiden el acceso a la Justicia".
En lugar de atender sus reivindicaciones, el ministro de Justicia aceleró alguna de sus reformas "imponiendo tasas absolutamente desproporcionadas, innecesarias e injustas o despidiendo a más de mil jueces sustitutos sin indemnización". "El ministro -denunció el magistrado- pretende que la carga de trabajo se siga asumiendo con los mismos medios de que se disponía hace años y al mismo tiempo aumentan el drama social de la crisis, el drama de los desahucios y los problemas con los indultos".
En cuanto a la repercusión de la protesta, en la Sala de lo Social de Bizkaia, donde 7 de los 11 jueces titulares hicieron huelga, una abogada reconocía que había habido bastantes suspensiones, pero que algunas salas funcionaban y había podido cumplir con sus señalamientos. En una de éstas salas en funcionamiento la crudeza de la crisis económica y sus consecuencias en el plano laboral se evidenciaba en el intenso programa del día. Con intervalos de 15 minutos había programadas catorce vistas: una por incapacidad, otra en materia de Seguridad Social, dos por derecho y cantidad, cinco por reclamación de cantidad, una por sanción a un trabajador, tres relacionadas con despidos y otra por modificación de las condiciones laborales.
