LA crisis económica ha transformado a la sociedad alavesa. Las clases medias desaparecen, las familias y los trabajadores se enfrentan a nuevos problemas, las empresas no logran cuadrar sus números y, al final, esos cambios se reflejan en todos los aspectos de la vida cotidiana. Uno de ellos, no baladí, es el de la litigiosidad en los juzgados. En los últimos cinco años jueces y abogados han visto cómo unos delitos empiezan a cobrar relevancia frente a otros, constatan que los pleitos administrativos responden a un patrón común, que se disparan las causas laborales... Todo ello como consecuencia de la situación de necesidad ciudadana a la que han llevado al país la pésima gestión política y financiera de los últimos años.

El decano del Colegio de Abogados de Álava, Javier García Pascual, corrobora esa fotografía de la sociedad actual que él ve todos los días en el juzgado, una situación que además se va a ver agravada por la Ley de Tasas del Gobierno de Rajoy y por una Justicia gratuita en tela de juicio. "Se ha notado un cambio evidente en los últimos años, relacionado directamente con la crisis", explica García. "En el ámbito civil se han visto incrementadas las reclamaciones por impagos de profesionales, desahucios por impago de rentas o de hipotecas, y en el ámbito penal se presentan denuncias por impago de pensiones de alimentos, hay denuncias por hurtos y robos supuestamente cometidos por personas que alegan necesidad", explica el decano de los abogados alaveses. En el ámbito laboral, señala, "cuantos más despidos e impagos se producen, mas demandas existen; y en el sentido inverso, en mercantil, mas situaciones de concursos de acreedores se producen".

Como se ha visto, hay casos de delitos estimulados por la crisis, pero también hay personas que en ese contexto deben acudir al juzgado para reclamar lo que es suyo, y no para sentarse en el banquillo de los acusados. Lógicamente, dado que la falta de dinero motiva estas situaciones, la capacidad económica de estas personas no es la más boyante, y ahora de repente se encuentran además con que el Gobierno central va a elevar el peaje para acceder a la Justicia hasta límites insoportables para muchos ciudadanos. La férrea oposición de jueces y abogados ha hecho recular en parte al ministro Ruiz Gallardón, pero en todo caso a medio plazo sólo podrá ser asistido por la dama de la balanza el que pueda permitírselo.

Los abogados alaveses ya se han levantado públicamente contra una Ley que atenta contra los "derechos fundamentales básicos", y que "resulta inconstitucional", por lo que García Pascual confía en que el Tribunal Constitucional la frene, pues "bloquea y limita el acceso a la Justicia" y supone "un obstáculo insalvable para muchísimas personas que configuran lo que hasta hace poco se consideraba clase media". El decano de los abogados alerta de que, si bien las personas más desfavorecidas han contado -hasta ahora- con el beneficio de la Justicia gratuita, esas clases medias que lo están dejando de ser se encuentran sin embargo "fuera de los límites previstos para la concesión de un abogado de oficio, aunque "tienen verdaderas dificultades para llegar a final de mes".

Se pregunta García Pascual cómo una familia que roza los números rojos podrá "presentar una demanda en reclamación de sus legítimos intereses", por no hablar de un derecho al recurso que deja de existir, por cuanto se convierte en un servicio de lujo. Pero, ¿en qué consiste exactamente la Ley que propone Gallardón? "Las tasas se abonan por adelantado -explica el decano de los abogados del territorio-. Pensemos en un autónomo que está a punto de cerrar su negocio porque le deben mucho dinero y tiene que formular 10 reclamaciones de 5.000 euros cada una a 10 deudores diferentes. Si comienza por la vía del monitorio tendrá que presentar 10 demandas, abonar por cada una de ellas 100 euros de tasa fija más un 0,5% de la cuantía, es decir, 25 euros más. En total por los diez monitorios 1.250 euros. Si además -prosigue- tiene que acudir al procedimiento declarativo correspondiente, porque el deudor se ha opuesto, abonará la diferencia de 50 euros por cada demanda que harán un total de 500 euros. Hasta lograr una sentencia en Primera Instancia ha podido llegar a gastarse sólo en tasas 1.750 euros, y recordemos que está a punto de cerrar su negocio porque no le pagan los deudores". Si pierde, ese autónomo agobiado por el dinero que le deben y por sus propias deudas, y que se ha gastado casi 1.800 euros -más la lógica minuta del abogado-, tiene derecho a recurrir. Eso sí, le tocará poner sobre la mesa 800 euros más un 0,5% de la cuantía por cada recurso, y todo ello por adelantado.

"Los abogados y procuradores estamos más que acostumbrados a no cobrar ni un céntimo hasta que el asunto termina y el cliente cobra siquiera una parte, pero la Administración de Justicia no espera, o pones el dinero por adelantado o no hay pleito, y todo ello al margen de que al final consigas cobrar del deudor", explica García Pascual, que extiende el ejemplo del autónomo a las comunidades de propietarios o "cualquier particular que reclama a una empresa".

La cuestión, por otro lado, no debe analizarse únicamente desde el punto de vista del que no tiene dinero. Una buena situación económica significará barra libre si el potencial contrincante en el Juzgado carece de ingresos, y el propio Estado será el primer beneficiado de esta situación. "Hay partidos judiciales en España en los que ya se ha reducido un 75% la interposición de reclamaciones frente a la Administración. A eso se suma que existe la posibilidad de condena en costas a quien se enfrenta a la Administración en un Juzgado, y ahora sumamos que encima debe pagarse una tasa elevadísima. Todo ello -denuncia el decano- puede generar una impunidad de facto para la Administración escandalosa e injustificable".

Argumentaba el Gobierno que la Ley perseguía acabar con la saturación de los juzgados, que como litigar es gratis había que cobrar para que sólo llegaran a los tribunales las causas realmente justificadas. García Pascual lo niega tajantemente. "No es cierto que la litigiosidad fuera en aumento, sino todo lo contrario; se han facilitado datos erróneos de manera muy interesada, porque nadie pleitea por gusto y son contadísimas las ocasiones en que se producen abusos por parte de gente que, por otro lado, suele ser o bien beneficiaria de Justicia gratuita y que pretende aprovecharse del sistema, o bien personas que pleitean protegidos por seguros de defensa jurídica con amplias coberturas. El que pleitea sin sentido es porque no le cuesta un céntimo y lo va a seguir haciendo con o sin tasas", afirma.

En cuanto a la Justicia gratuita, después de que los abogados vascos se opusieran duramente al decreto promulgado por el anterior Gobierno autónomo, los letrados esperan que no siga adelante. "El PNV se opuso a la tramitación y aprobación del decreto, por lo que entendemos que lo que resulta coherente con la postura mantenida por quienes en aquél momento formaban parte de la oposición es dar marcha atrás y derogar esta norma", afirma García Pascual.