Nor Eddine llegó a Vitoria hace cinco meses acompañado por su familia en busca de un futuro mejor, como tantos otros inmigrantes. La vida de este argelino de 44 años no ha sido precisamente sencilla y tampoco ha mejorado desde entonces, después de abandonar Córdoba, su anterior escala en el Estado, donde residió durante más de cuatro años. Nor Eddine no tiene trabajo, tampoco su mujer, ni ningún ingreso económico que le permita salir adelante con un mínimo de dignidad. Su hijo mayor, diabético, se encuentra ingresado en el Hospital Txagorritxu por un problema de salud y su otra hija, de sólo seis años, padece una discapacidad mental. Pasan hambre, pero no son admitidos en el comedor social de Desamparados pese al reciente cambio de la ordenanza municipal que ha eliminado el requisito de seis meses con Padrón para acceder a los vales.

Sorprendentemente, Nor Eddine no cumple con los criterios de excepcionalidad que los servicios sociales de base aplican a ciertas personas que todavía no han alcanzado ese medio año mínimo de empadronamiento para que puedan acceder al comedor. El mero hecho de que tenga dos hijos es, precisamente, la principal traba para poder utilizarlo, porque los menores tienen vetado el acceso. Y aunque lo hiciera, no podría sacar comida de ahí para alimentarlos, como sucedía hasta hace un tiempo. Tampoco le sería posible canjear los vales del comedor, si los tuviera, por dinero con el que comprar comida. Se emociona, en un rudimentario castellano, al recordar también el delicado estado de salud de su madre.

Al margen de ésta, todavía existe en Gasteiz otra bolsa importante de pobreza, de hambre, que es la conformada por aquellas personas que solicitan la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Cuando lo hacen, su expediente pasa automáticamente de manos del Ayuntamiento vitoriano a las del Gobierno Vasco y el Consistorio se desentiende de ellas. El problema es que la tramitación de esta ayuda puede llegar hasta los seis meses, un larguísimo plazo durante el que los afectados no pueden acceder a esos preciados vales de comedor. Lo mismo sucede con las personas a las que se les suspende la RGI.

En este segundo grupo se encuadra Mohamed, saharaui, que acumula en Gasteiz un año y cinco meses de residencia y que se ha visto obligado a solicitar la RGI ante la falta de oportunidades de trabajo. Le sobra experiencia laboral, en la construcción, recogiendo tomates, como ayudante de cocinero, en el sector turístico... La acumuló en Tenerife, donde vivió durante once largos años y logró el permiso de residencia permanente.

Atrapado en el callejón sin salida del desempleo, Mohamed solicitó la RGI el pasado mes de octubre, pero la lentitud de los trámites le han dejado a él, a su mujer y a sus dos hijos pequeños sin vales de comida. Sus únicos ingresos son los 426 euros de subsidio que cobra Mohamed. Así, a duras penas pueden afrontar el alquiler de 730 euros que deben desembolsar todos los meses. "Llevo casi dos años sin trabajar y es lo único que necesito para salir adelante", enfatiza.

Nor Eddine y Mohamed son sólo dos de las decenas de personas olvidadas por las instituciones que sobreviven en Gasteiz sin tener garantizado un derecho universal básico como es la alimentación. Sin embargo, por fortuna, no se encuentran del todo abandonadas a su suerte. Desde septiembre de 2009, el programa Berakah, impulsado por las cuatro parroquias que componen la Unidad Pastoral del Casco Viejo, lleva las riendas de un comedor social que reparte alimentos entre las personas más necesitadas de la ciudad, aquéllas que por uno u otro motivo no tienen acceso a Desamparados. Aquí no importa que estén empadronadas, que sólo lleven unos días en Gasteiz o sólo se encuentren de paso. Únicamente, que pasen hambre. Como Nor Eddine, Mohamed y sus familias.

El recinto, ubicado en la trasera de la iglesia de San Vicente, abre sus puertas de lunes a viernes en horario de tarde y a los voluntarios que colaboran en él se les acumula el trabajo. Lo hacen con gusto, porque el agradecimiento que encuentran a cambio no conoce límites. Bocadillos, fruta y chocolate caliente ayudan a quienes se ven obligados a acudir a este comedor a seguir adelante, a confiar en que su precaria situación algún día dará un vuelco. Aunque no parezca sencillo.

Pilar Redín es una de las voluntarias que hace posible Berakah, una cadena de solidaridad que también ofrece a las personas más vulnerables, casi en su totalidad inmigrantes, clases de castellano, intermediación para acceder a una vivienda, microcréditos, asesoría jurídica o una sala llamada Café Calor donde pueden reunirse y compartir experiencias.

Con el cambio de la ordenanza municipal que por fin eliminó el requisito del Padrón, Redín llegó a imaginarse que el comedor de Berakah dejaría de tener razón de ser. "Pensé que tendríamos que cerrarlo, que sobraría, pero no sobra", admite. Los datos son alarmantes. Diariamente, este proyecto solidario alimenta a cerca de 150 personas, más de 30 familias sin recursos con todos sus integrantes, muchos de ellos niños. La gran mayoría, procedentes del norte de África, aunque de un tiempo a esta parte también acuden más y más inmigrantes subsaharianos. Otros proyectos solidarios de la ciudad permiten que todos ellos puedan llevarse algo a la boca a la hora de comer.

La apertura del comedor se precipitó cuando Redín y otros voluntarios de Berakah detectaron en el viejo Café Calor, que cuando estalló la crisis económica aún se ubicaba en la catedral Santa María, una "avalancha" de inmigrantes que pasaban hambre, principalmente procedentes del norte de África. "Las galletas que se tomaban con el café literalmente volaban; al preguntarles, muchos nos decían que no habían comido ese día, que tenían hambre", rememora Redín. El acceso al comedor de Desamparados era incluso más restrictivo entonces. Ahora, pese al cambio de normativa, el problema se ha transformado.

Habla Rosabel Argote, portavoz de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Álava y plenamente implicada desde la plataforma Círculos del Silencio en el problema del hambre en Vitoria. "Esto es como si en algún sitio hubiera un terremoto y el Ayuntamiento decidiera atender y dejar entrar a los albergues sólo a las personas empadronadas. Sería absurdo e inimaginable, porque el derecho a la vida y el derecho a la salud son superiores, universales. Sin embargo, con el alimento, no se está aplicando la misma lógica", simplifica Argote.

acuerdo presupuestario Falta ahora por ver si el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno municipal y el PNV logra revertir estas situaciones, sobre las que los jeltzales han sido muy incisivos durante los últimos meses. Pese a las estrecheces económicas, las Cuentas reservan para este año 1,5 millones de euros para el comedor de Desamparados, la cifra más alta en la historia municipal.

En 2012, debido a las restricciones de acceso, sólo se gastaron 665.944. Ahora, los jeltzales quieren forzar al equipo de gobierno a que el dinero del Presupuesto se utilice "de verdad", atendiendo a todas las bolsas de hambre. La portavoz de CEAR, por ejemplo, estará muy pendiente para que esto se cumpla. "Parece que en un contexto de crisis todo vale para ahorrar y recortar. No pararemos hasta que el Ayuntamiento garantice la aplicación de la ordenanza de forma íntegra", advierte. No en vano, según recuerda Argote, "esto no es una cuestión de caridad, de solidaridad, sino de dar cumplimiento al ordenamiento jurídico internacional". Ni más ni menos, el derecho humano universal a la alimentación.