20-F: huelga en la justicia >
Jueces y fiscales plantan cara al deterioro de la Administración de Justicia y la impunidad
w Colectivos de abogados, funcionarios, sindicatos y consumidores dan su apoyo a la huelga del día 20 w La Ley de Tasas, la reforma del CGPJ y los recortes presupuestarios han motivado la convocatoria
beatriz sotillo
vitoria. Las reformas y recortes introducidos en la Administración de Justicia por el Gobierno de Mariano Rajoy han logrado aunar a colectivos sociales y profesionales distintos y a organizaciones de diferente ideología con el objetivo de lograr la rectificación de las medidas ya aprobadas (Ley de Tasas y recortes presupuestarios, por ejemplo) e impedir la materialización de las que están en proyecto (reforma del Consejo General del Poder Judicial o privatización del Registro Civil, entre otras). El creciente malestar y preocupación de los grupos profesionales que trabajan en la Administración de Justicia ha desembocado en una convocatoria de huelga que desde que se hizo oficial a comienzos de febrero no ha hecho más que sumar adhesiones y apoyos.
La huelga, que previsiblemente paralizará durante 24 horas la Administración de Justicia tanto en el País Vasco como en el resto del Estado español, es la forma que tienen jueces y fiscales de expresar su malestar por la negativa del Gobierno a negociar sus reivindicaciones, así como su preocupación por el deterioro de la Administración de Justicia. Las peticiones concretas de las organizaciones convocantes de la huelga son un aumento de la inversión pública en Justicia, la paralización del proyecto de reforma del CGPJ, el mantenimiento de jueces y fiscales sustitutos y el incremento de personal, la derogación de la Ley de Tasas, y la reforma de la Ley del Indulto.
Convocada inicialmente por tres asociaciones de jueces -Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- y dos de fiscales -Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales- la huelga del próximo miércoles, día 20, ha recibido en la última semana el apoyo de los sindicatos, la Abogacía, los consumidores y los funcionarios. Este respaldo, al que tras un debate no se ha sumado la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, supone en la práctica un clamor general contra la Ley de Tasas judiciales, las restricciones aplicadas por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón en el acceso y el desempeño de la Justicia y contra las medidas laborales que implican un desmantelamiento de este servicio público.
concentraciones La jornada de paro, durante la que también se llevarán a cabo concentraciones, culmina una serie de protestas e iniciativas -paros parciales o recogida de firmas, entre otras- contra las reformas y recortes en la Administración de Justicia y se produce poco después de que un informe de la Defensora del Pueblo obligará al ministro de Justicia a prometer una modificación parcial de su polémica Ley de Tasas.
Sin ocultar su satisfacción por los cambios que Ruiz-Gallardón se ha comprometido a introducir en las tasas judiciales, varios colectivos sociales y profesionales critican que el ministro de Justicia aceptara en apenas unas horas "lo que ha rechazado durante meses, negándose a dialogar con todos los colectivos jurídicos y sociales e ignorando el clamor popular que suponen 35.000 firmas presentadas por los ciudadanos contra la Ley de Tasas". Estos colectivos sospechan que detrás de la anunciada rectificación de Ruiz-Gallardón hay un intento de evitar que la Defensora del Pueblo interponga de un recurso de inconstitucionalidad contra las tasas aceptando algunas de sus propuestas de modificación, como la modulación o rebaja de algunos conceptos.
retoque insuficiente Este retoque no ha sido suficiente para que las asociaciones de jueces y fiscales reconsideren su decisión de hacer una huelga -la tercera en la Administración de Justicia sin contar las huelgas generales- ya que su denuncia y advertencia sobre el grave deterioro de la Administración de Justicia que se deriva de las reformas decretadas por el Gobierno español va más allá de las limitaciones económicas que las tasas implican para los ciudadanos.
Los colectivos judiciales sospechan que "el fundamento último de las reformas, el motivo oculto que las guía y el objeto que pretenden conseguir" es "dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la independencia judicial e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad". En este sentido los convocantes señalan que esa impunidad derivada de exceso de trabajo, falta de medios, impedimentos para recurrir o control de los jueces, beneficiará a "los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo".
Los colectivos judiciales inciden en que la apuesta del Gobierno frente a los numerosos casos de corrupción es "reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano de Gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales del país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan, ponerles a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos". "Así -continúa su denuncia- se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima investigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás, aunque éstos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso".
Las asociaciones de jueces y fiscales explicaron a principios de febrero que la decisión de convocar una huelga profesional se debía a que el Ministerio de Justicia no ha atendido ninguna de las reivindicaciones que le plantearon en cuanto se empezaron a diseñar las reformas. Alberto Ruiz-Gallardón también ha dejado claro a estos colectivos judiciales que no tiene ninguna intención de atender sus propuestas. A pesar de eso, las asociaciones han tratado durante meses de negociar con el Ministerio y con la presidencia del Gobierno para evitar la aprobación de medidas que deterioren la Administración de Justicia, pero no han obtenido ninguna respuesta.
Además de esa clara posición de confrontación frente a sus reivindicaciones que han encontrado en el Ministerio, a los profesionales del sector les preocupan actualmente el "drama social de las ejecuciones presupuestarias", la privatización de los registros civiles y las reformas del Código Penal.
menos jueces Entre las muchas consecuencias negativas de la reforma de la Justicia que está llevando a cabo Ruiz-Gallardón destaca la supresión de 1.200 jueces y fiscales sustitutos y la falta de personal funcionario laboral. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, este recorte laboral se ha traducido ya en la supresión de 10 de los 24 jueces sustitutos con los que contaba (dos en Álava, cuatro en Gipuzkoa y cuatro en Vizcaya). El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, señaló recientemente que la reducción del número de magistrados sustitutos aumentará los retrasos de los procesos judiciales en un 20%.
La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya derogación es una de las reivindicaciones de la huelga del día 20, recorta el número de plazas de sustitutos que cubrían situaciones como bajas por enfermedad y permisos de los titulares de las plazas. Esto obligará a los jueces titulares a cubrir esas ausencias y provocará retrasos de juicios y vistas orales. Por lo que respecta a la reforma que el Gobierno español pretende introducir en el Consejo General del Poder Judicial, el propio órgano de gobierno de los jueces ha rechazado el proyecto al considerar que supone "una sumisión del poder judicial al poder ejecutivo y atenta contra la independencia del poder judicial". El CGPJ se opone a la reforma porque "reduce sus funciones y traslada parte de estas al Ministerio de Justicia, sobre todo las referentes a la carrera judicial".
La convocatoria de huelga ha estado precedida de protestas y concentraciones. Foto: david de haro
Ruiz-Gallardón
se ha comprometido a retocar las tasas tras un informe negativo de la Defensora del Pueblo
Los recortes ya se han dejado notar en la CAV, donde se han suprimido diez jueces sustitutos
