madrid. Cinco jóvenes fallecidas, ocho víctimas políticas, once imputados, trece comparecientes en tres jornadas de comisión de investigación, 16.781 entradas vendidas para un aforo permitido de 10.600... son algunas de las cifras de la tragedia del Madrid Arena, que el próximo viernes, día 8, cumplirá cien días.

Katia Esteban, Rocío Oña y Cristina Arce, todas ellas de 18 años, Belén Langdon, de 17 años, y María Teresa Alonso, de 20, murieron por una avalancha provocada la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en uno de los pasillos de un pabellón multiusos municipal alquilado a la empresa Diviertt para una fiesta de Halloween.

A las víctimas reales le siguieron las consecuencias políticas. El primero abandonar su puesto, el 13 de noviembre, fue el delegado madrileño de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, Pedro Calvo, como responsable de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), la empresa municipal que gestiona el pabellón donde se produjo la tragedia.

Después, el pasado 9 de enero, cesó el vicealcalde de la capital, Miguel Ángel Villanueva, sobre el que se centró la polémica después de que el 1 de noviembre asegurase que el aforo no se había sobrepasado, según una información facilitada por Diviertt, con cuyo propietario, Miguel Ángel Flores, mantenía una relación que él calificó "de conocimiento".

El 21 de noviembre, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, destituyó al consejero delegado y al gerente de Madridec, José Ángel Rivero y Jorge Rodrigo, respectivamente, y hace dos semanas relevó a otros cuatro responsables de la empresa.

el control del pp Sin embargo, la inicial controversia política desatada en torno a la responsabilidad del Gobierno local en aquellos sucesos se ha ido apagando con el paso del tiempo. Atrás queda la Comisión de Investigación en la que comparecieron una docena de altos cargos municipales, entre los que el PP no consideró conveniente incluir a la alcaldesa, y el médico responsable del dispositivo sanitario de la fiesta, el doctor Simón Viñals.

Tras los testimonios el PP sacó adelante sus conclusiones, acompañándolas de un buen número de propuestas de la oposición, entre ellas que la policía esté presente de oficio en los recintos donde se celebren espectáculos con más de 5.000 asistentes y que el Samur esté presente en espacios de titularidad pública.

Como había defendido el PP, se aprobó que fueron las "ansias de dinero" de Miguel Ángel Flores las que causaron la tragedia del 1 de noviembre, mientras que el Madrid Arena es un recinto seguro.

Esa conclusión coincidió además con la revelación de un dato clave: los organizadores de la fiesta vendieron 16.781 entradas, lo que supera en un 58% el aforo permitido para el evento, que eran 10.600 personas.

Cerrada la comisión, la alcaldesa pidió "disculpas a los madrileños porque nunca debía haber confiando en Diviertt" y el Madrid Arena comenzó a ser lo que ya parece hoy definitivamente: un caso judicial.