vitoria. La plataforma Fracking Ez Araba emprenderá de forma inminente una campaña con el fin de recoger las 30.000 firmas necesarias para debatir en el Parlamento Vasco una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra esta técnica de extracción de hidrocarburos. Ayer los representantes de este colectivo social opuesto al proyecto presentado en la pasada legislatura por el Gobierno Vasco registraron la citada ILP en el Parlamento. Aunque tradicionalmente la Cámara ha hecho caso omiso a la inmensa mayoría de las propuestas que no han salido de los partidos con representación institucional, hay precedentes, y en ese sentido Fracking Ez Araba confía en que las instituciones se hagan eco del clamor social contra la fractura hidráulica, visualizado en la manifestación que el pasado 6 de octubre reunió en Gasteiz a más de 10.000 personas.
"Esta ILP es una herramienta de difusión del movimiento contra el fracking, pero no renunciamos a que se plasme en una Ley, hay una oposición popular importantísima y ese es nuestro aval", afirmó en ese sentido, Mikel Otero, portavoz de la citada plataforma.
Un día después de que la nueva consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, enfriara el entusiasmo del lobby profracking asegurando que a día de hoy no se puede extraer gas esquisto del subsuelo con las suficientes garantías medioambientales, Otero afirmó que esas declaraciones deben plasmarse ahora en "hechos". De momento el proyecto para realizar dos sondeos en el entorno del futuro parque natural de los Montes de Vitoria ha tenido que reiniciarse de cero, tras la oposición administrativa del Ayuntamiento de Vitoria, y en todo caso, las declaraciones de Oregi garantizan que en el seno del Consejo de Gobierno de Iñigo Urkullu habrá cuando menos una voz reticente a la aventura de la fractura hidráulica en el territorio histórico.
Mientras, la ILP registrada ayer seguirá su recorrido administrativo. Ahora la Mesa del Parlamento, que ayer suspendió el debate sobre la petición de prohibición del fracking planteada por las Juntas Generales alavesas como consecuencia del registro de la iniciativa popular, debe decidir si admite ésta última a trámite o no.
Fracking Ez Araba, cuyos portavoces afirmaban ayer haber estudiado a fondo el encaje jurídico de su iniciativa en la farragosa legislación medioambiental vigente, ha centrado la misma en los aspectos relacionados con el respeto a la Naturaleza. El texto "prohibe la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV)", veta expresamente el fracking, también en el caso de los proyectos ya iniciados, y pide la derogación de las normas vigentes de igual o inferior rango "que se opongan a la presente Ley".
precedentes La ILP apela a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía para reivindicar la competencia del Gobierno Vasco sobre esta materia. Hace referencia además a los diferentes estudios científicos que cuestionan la sostenibilidad del fracking -fugas, emisión de gases de efecto invernadero, contaminación de acuíferos-, y recuerda que varios gobiernos, como los de Francia, Renania del Norte-Westfalia, Friburgo, Quebec, Sudáfrica, o los de los estados norteamericanos de Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey o Vermont, han prohibido o establecido moratorias sobre la fractura hidráulica. La iniciativa registrada ayer recuerda también que Cantabria prepara un proyecto de Ley contra esta técnica, y que la mayoría de los municipios alaveses afectados por el proyecto Gran Enara se han declarado "libres de fracking".
En cuanto al proyecto de Ley presentado por las Juntas Generales, apoyado por Bildu, PNV y EB, Fracking Ez recuerda que persigue prohibir el fracking en espacios protegidos, mientras que la ILP busca regular la extracción de hidrocarburos no convencionales en general y del fracking en particular en todo el ámbito de la CAV. Por tanto, entiende la plataforma, no cabe la inadmisión a trámite de su propuesta.
Ahora Fracking Ez Araba afronta el reto de reunir las 30.000 firmas necesarias para avalar su iniciativa legislativa, para lo cual ya se han puesto en contacto con asociaciones y plataformas que simpatizan con sus fines, de tal suerte que colaboren en la recogida de adhesiones. Tendrán dos meses de plazo para hacerlo, ampliables a otros seis, en caso de no alcanzar la cifra requerida en esta primera fase.
