Madrid. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Hacienda por la que se hizo efectivo el pago de las polémicas tasas judiciales al detectar una serie de defectos, como es la falta de previsión del fraccionamiento del pago o la ausencia del preceptivo informe del Consejo de Estado.
El presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, explicó ayer que la asesoría jurídica del Consejo está preparando un recurso contra la orden ministerial que permitió empezar a cobrar los nuevos gravámenes. La Agencia Tributaria emitió días después de su publicación una nota informativa en la que se impedía "aplazar, fraccionar o compensar" el importe. Sin embargo, la Abogacía advierte de que esta cuestión no se prohibía en la propia ley de tasas ni tampoco se veta en la Ley General Tributaria.
"Hay varias razones para interponer ese recurso sin un ánimo dilatario ni un ánimo de colapsar los juzgados", explicó Carnicer, que calificó de "absolutamente errónea" una medida que "sacrifica" el derecho de acceso a la Justicia recogido en la Constitución. "Estamos haciendo que los españoles paguen los derechos fundamentales que la Constitución dice que son suyos", alertó. Carnicer desmintió al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando dice que las nuevas tasas afectarán sobre todo a las personas jurídicas. "No es cierto. Las grandes compañías pueden compensar el gasto de las tasas con sus beneficios o desgravarse parte de la cuota como un gasto de empresa", detalló.
"Las tasas las van a pagar sobre todo los ciudadanos de a pie", recalcó Carnicer, para ilustrar que se han detectado casos "sangrantes" de familias que superan el mínimo de ingresos para poderse beneficiar de la Ley de Justicia Gratuita, pero que no pueden soportar las elevadas tasas y el pago de abogado y procurador. "Se ven impedidos al pedir que sean reconocidos sus derechos". El "problema" de las nuevas tasas ha llevado al máximo responsable de la Abogacía a ponerse "al lado" de jueces, fiscales, secretarios judiciales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios para exigir la modificación de esta norma. A su juicio, el Gobierno está cometiendo un "error gravísimo" al avalar una "violación clarísima" de los preceptos constitucionales.
