Vitoria. Tras naufragar el proyecto de Presupuestos de 2013 para Álava en el Pleno de Juntas Generales la semana pasada, al no lograr el Gobierno foral del PP recabar ningún apoyo más allá de la abstención del PNV -PSE, Bildu y EB votaron en contra-, el diputado general, Javier de Andrés, presentó ayer el decreto que prorroga las cuentas de 2012, un paso que supondrá para el territorio contar el próximo año con 5,3 millones de euros menos que lo presupuestado por el gabinete De Andrés en el proyecto rechazado. Una llamada implícita a la oposición, fundamentalmente al PNV -que en el mapa institucional presupuestario está pendiente de las cuentas de Bizkaia y Euskadi-, a buscar vías de entendimiento para sacar adelante el proyecto de norma de medidas tributarias con las que el Ejecutivo alavés pretende "mitigar" el impacto económico de la prórroga.
Este proyecto, básicamente, plantea ajustar las tarifas del IRPF, reduciéndolas un 1,5% a la baja para compensar el efecto de la inflación en los sueldos; también propone exonerar a los titulares de una hipoteca ejecutada del IRPF que tendrían que pagar en la transmisión de la vivienda y ampliar al 31 de diciembre de 2013 el plazo para poder acogerse al tipo reducido del 2,5% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Según explicaron De Andrés y el diputado foral de Hacienda, Aitor Uribesalgo, ese desfase de 5,3 millones de euros viene provocado fundamentalmente por la previsión en el proyecto rechazado de ingresar 68,5 millones de euros por el recurso a deuda, mientras que con esta moratoria presupuestaria de 2012 solo es prorrogable la parte correspondiente a ese año, es decir, 63,5 millones.
Una reducción sobre el proyecto popular que afectará sobre todo al capítulo de inversiones, con 3,2 millones de euros menos sobre la propuesta rechazada. Por de pronto, el Gobierno alavés solo podrá mantener las inversiones en marcha y Uribesalgo aseguró también que seguirán estables los importes previstos para fundaciones y entidades participadas por la Diputación. Se verá mermado el "ambicioso" proyecto de modernización informática fiscal, lo que "va a suponer un impacto sensible sobre la calidad de la inspección fiscal". También se mantendrá, garantizó, el gasto social según los términos previstos para 2013, de manera que esa reducción de 5,3 millones de euros no incidirá "de forma directa" sobre las prestaciones de la Ley de Dependencia. Respecto a subvenciones, se reducirán "sensiblemente" las destinadas a entidades sin ánimo de lucro y entidades locales.
