Vitoria. La nueva Ley de Tasas aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado jueves ha enfrentado al Gobierno del PP con las compañías eléctricas, tradicional grupo de presión a los ejecutivos españoles, pero el desgaste que le supondrá a Rajoy la enemistad de estas empresas se verá compensado con una media de 300 millones de euros anuales en nuevos ingresos para las maltrechas arcas del Estado.

El cambio legislativo aprobado en la Cortes supondrá que las operadoras de las centrales tendrán que pagar 2.190 euros por cada kilo de combustible usado que salga de los reactores a partir del 1 de enero de 2013, razón por la cual Nuclenor ha adelantado una operación que no debía llevar a efecto hasta el verano, cuando estaba previsto el cierre definitivo de la planta burgalesa.

La recaudación por combustible usado variará de un año a otro, pues las centrales no vacían los reactores todos los ejercicios, sino cada dos o tres años, cuando el combustible nuclear se agota y se convierte en residuo de alta intensidad. Estas barras de combustible se depositan en las piscinas habilitadas al efecto en cada planta, y a la espera de que se construya el Almacén Temporal Centralizado que se ubicará en Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca.

Esta nueva tasa a los residuos nucleares que el PP ha aprobado ha caído como un jarro de agua fría en la provincia de Burgos, donde la defensa de la continuidad de Garoña es general entre empresarios, sindicatos e instituciones.

Ayer el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos, Miguel Ángel Benavente, criticó que un impuesto pueda provocar el cierre anticipado de la planta. "Todos apostamos por ella porque fue un capricho político el cierre", aseveró Benavente, antes de añadir que "lo que sería demencial es que una actividad empresarial no sea posible por el afán recaudatorio del Gobierno". Ante la coyuntura actual de la central, Benavente insistió en que lo "lógico" sería que Nuclenor mostrase su cuenta de explotación antes y después del nuevo gravamen, recogido en la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, con el objetivo de conocer su repercusión. Según la empresa, la aplicación de las nuevas tasas le hará perder 96 millones de euros, pero el Gobierno replicó que la firma que lideran Endesa e Iberdrola seguiría ganando dinero a pesar del nuevo impuesto.

Por otro lado, el actual secretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhausen, fue propuesto ayer por el Gobierno central como candidato para ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Martí, que fue vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía, deberá suceder en el cargo a la socialista Carmen Martínez Ten, cuyo mandato ha expirado a primeros de diciembre. Como nueva consejera se ha propuesto a la ex ministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien ha venido defendiendo el desmantelamiento gradual de las centrales nucleares y el uso intensivo y creciente de las renovables.

El CSN tiene como misión garantizar la seguridad en el empleo de los materiales radiactivos en medicina, industria e investigación; el control de los residuos, el transporte de materiales, la protección de las personas expuestas por motivos profesionales y el impacto que las radiaciones y los vertidos pudieran tener sobre el público y el medio ambiente. Los informes de este organismo son vinculantes cuando se trata de imponer condiciones de seguridad y protección, o de denegar un permiso o una autorización.