Vitoria. El Gobierno central y las compañías eléctricas siguen tensando la cuerda en torno al cierre de la central nuclear de Garoña. Está previsto que el Congreso apruebe hoy la Ley de Sostenibilidad Energética, que contempla nuevas tasas sobre el combustible nuclear y que a la central burgalesa le supondrá 153 millones de euros. El ejecutivo de Rajoy parece no estar dispuesto a dar marcha atrás, al tiempo que Nuclenor, empresa propietaria de la planta, insiste en que se trata de un impuesto imposible de asumir.

Ayer fue su presidente, José Ramón Torralbo, quien en declaraciones a Diario de Burgos dio explicaciones sobre los motivos que el pasado domingo llevaron a Garoña a cesar su actividad. Dijo que de seguir abierta en el mes de enero la central entraría en pérdidas, algo que no habían previsto "ni en este ejercicio, ni en los siguientes hasta 2019". Hasta ese horizonte explicó que la empresa manejaba unas inversiones de 120 millones de euros para la renovación del permiso de funcionamiento y las mejoras derivadas de las pruebas de resistencia, a la vez que insistió en que no se había planificado un extra en el coste medio de dieciséis euros por cada megavatio producido, como el que contempla la nueva ley.

En cuanto a las sucesivas enmiendas que el PP ha aplicado sobre el proyecto legislativo, señaló que han aumentado las "exigencias" a las nucleares, a la vez que aseguró que el proyecto de ley afecta a todas las centrales nucleares, de forma directa o indirecta. Finalmente, señaló que la voluntad de la empresa es mantener la actividad generando electricidad, aunque reconoció que esta postura es inviable con la legislación planteada, por lo que "no creo que pueda hablarse de chantaje en estas circunstancias".

Así las cosas, Garoña emitió ayer el que puede ser su último boletín mensual de funcionamiento, correspondiente al mes de noviembre, en el que reconoce que el mes pasado trabajaron en la planta 732 empleados. En el boletín se asegura que la central funcionó el mes pasado al 100% de su capacidad y que no realizó ninguna emisión contaminante a su entorno.

moción en el valle de mena Entre tanto, continúan las iniciativas a favor del cierre de la planta nuclear, como la moción que aprobará mañana el Ayuntamiento del Valle de Mena en una Junta de Gobierno extraordinaria, en la que además se reclama que se retome el plan de dinamización económica de la zona aprobado en 2009.

Por su parte, el colectivo ecologista Eguzki exigió ayer que la parada del reactor se convierta en su "cierre total, definitivo e irreversible". En una nota de prensa, mostró su temor a que el Gobierno central cambie hoy la anunciada tasa del combustible nuclear para evitar el cierre de Garoña, ya que este gravamen ha sido el motivo esgrimido por Nuclenor, propietaria de la planta, para detener el reactor al considerar que la nueva fiscalidad hace inviable el negocio.