Madrid. La nueva ley de tasas judiciales en vigencia desde ayer mismo ha soliviantado los ánimos tanto de la ciudadanía como del mundo de la Judicatura tal y como quedó patente tras las declaraciones del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando De la Rosa, quien exhortó al Gobierno español a revisar los precios para ajustarlos a la realidad social actual.
Algunas asociaciones de abogados no descartaban incluso ir a la huelga en enero para mostrar su total rechazo a esta medida; de hecho, la jurista Montserrat Suárez presentó ayer el primer recurso de amparo contra el tasazo y un recurso contencioso administrativo contra su orden de desarrollo. Alegaba la letrada que el Ejecutivo español ha incumplido el deber previo antes de publicar la normativa de dar un trámite de audiencia de 15 días a todos los colectivos afectados.
Y es que, este punto ha sido también uno de los más criticados por el propio fiscal general del Estado, quien lamentó no haber podido abordar la reforma con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, antes de que se fuera aprobada. "Nos hubiera gustado dar una opinión", telegrafío Torres-Dulce.
En una línea similar se manifestaba el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, molesto con la imposición de esa tabla de precios que contempla incrementos de entre 50 y 750 euros por acudir a la Justicia y que obliga a los ciudadanos a pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.
Inconstitucional Confiaba, eso sí, en que los anunciados recursos de anticonstitucionalidad contra esta ley prosperen. "Lo creo firmemente" dijo y, en este sentido, a lo largo de esta semana se reunirán con el Partido Socialista "para hacer entrega de los fundamentos jurídicos que nosotros creemos que desvirtúan totalmente esta ley de tasas absolutamente inexplicable". De hecho, Torres-Dulce ya espera que en próximas fechas empiecen a llegar a su despacho los primeros recursos. "Las cuestiones las firmo yo; seré prudente a este respecto", zanjó.
Por su parte, Carnicer hizo hincapié en que en el ámbito de las leyes hay posibilidad de "cambiar todo" y añadió que se pueden modificar o derogar, "todo es cuestión de sentarse y dialogar con todos los afectados". Preguntado por las repercusiones que hayan podido generar las movilizaciones que ha llevado a cabo el sector de la Justicia contra la ley de tasas, señaló que "el único que reparte dolor es el Ministerio".
En este sentido, mientras asociaciones de abogados, jueces y fiscales exigían al Ejecutivo español reunirse con ellos para conversar de "poder a poder; es decir, desde el poder ejecutivo al poder judicial" Mariano Rajoy manifestaba su apoyo a Gallardón en las medidas que está llevando a cabo: "Ha hecho un esfuerzo para hablar, desde luego cuenta con el respaldo del Gobierno" añadiendo que la decisión sobre las tasas "es sensata y equilibrada".
