Madrid. El Partido Popular tiene previsto entablar diálogo con los diferentes colectivos de la justicia, previa coordinación con el Ministerio de Justicia tras las quejas generalizadas que han formulado estos colectivos a raíz de las reformas que ha puesto en marcha el departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón.
La pasada semana se dio un hecho sin precedentes. Un total de 18 colectivos relacionados con la Justicia se unieron en un acto público "en Defensa de la Administración de Justicia" en el que criticaron duramente la gestión del ministro y le pidieron una "rectificación". En este acto estaban representadas siete asociaciones de jueces y fiscales, las de secretarios judiciales, cuatro sindicatos, las organizaciones de consumidores y usuarios y el Consejo General de la Abogacía.
Estos colectivos llevan varias semanas advirtiendo de que no reconocen al ministro como interlocutor y quieren una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero el pasado viernes, el jefe del Ejecutivo dejó claro su respaldo y el de su Gobierno al ministro de Justicia, además de considerar equilibradas las medidas que está tomando. Sin embargo, la situación de enquistamiento en la negociación ha obligado a la dirección del PP a moverse y está previsto que esta semana haya un encuentro de dirigentes populares con el Ministerio de Justicia para analizar la situación, partiendo de la base de que la dirección popular respalda las reformas y la necesidad de tomar las medidas para que la Justicia funcione.
Los encuentros se quieren llevar a cabo en coordinación con el Ministerio que también mantiene algunas vías de contacto. De hecho, está colaborando con el Colegio de Abogados en asuntos como el proyecto de Ley de Justicia Gratuita, donde los letrados han hecho varias aportaciones que se han recogido en el texto que se prevé llevar a Consejo de Ministros antes de que finalice el año.
Sin embargo, esta es sólo una de las reformas que tiene en marcha el Ministerio y son otras las que tienen en pie de guerra a jueces -que aseguran que no hay diálogo con Justicia-, fiscales, abogados, funcionarios y secretarios judiciales, como la aplicación de las tasas para pleitear, la práctica desaparición de jueces sustitutos, la supresión de la paga extra o la reducción de los días libres a los jueces, además de la cesión de los trámites del registro civil a registradores de la propiedad y notarios.
