Vitoria. José Ignacio Wert, el ministro que es capaz de cabrear a rectores y universitarios a la vez, ha vuelto a abrir la caja de los truenos con su último borrador de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). El mismo que habló de "españolizar" a los alumnos catalanes y que dijo que las protestas contra los recortes estaban basadas en "prejuicios" ha conseguido con este documento algo muy difícil: poner de acuerdo a agentes educativos, políticos y sindicales vascos en torno a una misma causa.
La pasada semana el titular en materia de Educación acudió a la reunión con los consejeros autonómicos con un nuevo borrador bajo el brazo después de que las comunidades gobernadas por el PP calificaran de tibia hace poco más de un mes la reforma inicialmente presentada. Esta vez el texto recogía sin disimulo los postulados de su partido: hacía guiños a la enseñanza concertada, recuperaba la asignatura alternativa a la Religión confesional atendiendo a la petición de los obispos y abría la posibilidad de aumentar más los contenidos mínimos que fija el Gobierno central.
Otro de los puntos más polémicos, que precisamente motivó el abandono de la consejera catalana de la citada reunión, es el de las lenguas. Euskadi y Cataluña tendrán que garantizar el derecho a estudiar en castellano, por lo que si este idioma no se oferta en la escuela pública que los padres elijan, los gobiernos autonómicos deberán "sufragar los gastos de escolarización en los centros privados". Además, introduce ambigüedades, como admitir que una comunidad dé "un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto al castellano en una proporción razonable", sin llegar a concretar qué entiende por "razonable".
Así las cosas, al portazo dado por Cataluña le sucederá previsiblemente el que le dé Lakua una vez tome posesión el nuevo Gobierno Vasco. En este sentido, la exconsejera de Educación, la socialista Isabel Celaá, no se ha andado con rodeos al calificar de "inconstitucional" la reforma educativa que, en su opinión, "busca dar gusto a la derecha más recalcitrante". El PNV, que ya ha tomado su relevo, escenificó este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados el desencuentro con el ministro de Educación a pesar de que éste elogió el modelo vasco. Arantza Tapia le afeó que no respete las competencias autonómicas y que "condene las lenguas cooficiales a la mediocridad". La diputada aseguró que la reforma es un pretexto para hacer ideología y uniformar el modelo educativo de España, al tiempo que calificó la actitud del ministro de "agresiva".
La versión más reciente de la reforma educativa ha sido igual de mal recibida entre la comunidad educativa. Los padres y madres de la escuela pública vasca, agrupadas en Ehige, consideran que es una "agresión" al sistema educativo euskaldun. "Además, no responde a nuestras necesidades porque trata de solucionar unos problemas que no son los nuestros", asegura su coordinadora, Lurdes Imaz, en declaraciones a este periódico.
En este sentido, cabe recordar que el fracaso escolar en Euskadi, problema que Wert dice querer erradicar con esta reforma, es bastante más bajo que en el resto del Estado. En la actualidad, la tasa de abandono escolar temprano se sitúa en el 12,6% -por debajo del 13,5% de la media de la UE- y se aboga por llegar al 9% en 2020. Por el contrario, España es el segundo país con la tasa de abandono más alta (26,5%), sólo por detrás de Malta.
A juicio de las familias, Wert plantea un sistema "segregador", punto en el que coincide el Consejo Escolar de Euskadi, el máximo órgano consultivo en materia de educación, que en un reciente informe advierte de que el ministro parte de un diagnóstico que hace una valoración negativa de la diversidad "sin valorar el esfuerzo realizado" por las comunidades. Y es que la LOMCE contempla separar a los alumnos a los 15 años en función de lo que quieran estudiar, instaura tres reválidas que pueden dejar en el camino a alumnos con dificultades y, por último, prorroga los conciertos a los centros que segreguen por sexo, desoyendo las sentencias del Supremo en sentido contrario. Además, retoma la cultura del ranking, por la que se harán públicos los resultados que obtengan los centros, premiando así la excelencia.
"A partir de ahora, la escuela se convierte en una empresa entregada a la competitividad y las necesidades de mercado, donde brilla por su ausencia la gestión democrática y participativa", opina Endika Rodríguez, del sindicato STEE-EILAS, que muestra su preocupación por este aspecto. "Para conseguir sus nuevos fines, los centros van a segregar tempranamente al alumnado y expulsarán a los menos capaces del sistema, convirtiéndolos en mano de obra barata para el mercado", apunta este representante sindical. STEE-EILAS advierte además de que la reforma educativa planteada asume los postulados ideológicos "de la derecha neoliberal más rancia", un punto en el que coincide con otro de los sindicatos con mayor representación en la enseñanza, LAB, que advierte del "adoctrinamiento" al que se trata de someter al alumnado.
Las centrales, al igual que buena parte de la comunidad educativa, llaman la atención sobre la cuestión de las lenguas. Será uno de los asuntos que más ampollas levante en caso de que finalmente se lleve a cabo la citada reforma, en un momento en el que las familias han hecho una apuesta decidida por el modelo D, como lo demuestran las matriculaciones en los últimos años, y empieza a experimentarse con el inglés como lengua vehicular. "El modelo a futuro es aquel que garantice unas generaciones euskaldunes plurilingües, por eso queremos decidir sobre nuestra educación creando un sistema educativo propio", añade Aitziber Pérez, responsable de Educación del sindicato LAB.
