Unas cien personas han sido detenidas o imputadas en Canarias y Zaragoza por comerciar ilegalmente con gas R-22, utilizado por los barcos pesqueros para congelar en alta mar el producto de la pesca, pero prohibido por los países de la Unión Europea por sus efectos dañinos en la capa de ozono. En la operación denominada Refresco, dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente y llevada a cabo por la Guardia Civil, los agentes de este cuerpo han intervenido 150.000 kilos de este gas.
