MADRID. El PP y los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid coincidieron ayer en la necesidad de establecer mayores controles sobre las fiestas en sus respectivos dictámenes de la comisión de investigación del caso Madrid Arena, pero discreparon sobre quiénes son los responsables del suceso. En sus conclusiones, el PP alega que fue el "mal uso" derivado de la "venta masiva de entradas" de la empresa organizadora, Diviertt, lo que desencadenó la avalancha en el Madrid Arena que causó la muerte de cinco jóvenes, y no el recinto municipal, "que cumple con todas las garantías de seguridad". Por su parte, los grupos de la oposición -PSOE, IU y UPyD- coincidieron en señalar que el Ayuntamiento de Madrid también es corresponsable, por la falta de previsión y control, por lo que tanto PSOE como UPyD solicitaron ceses o dimisiones en el Gobierno local más allá de la del concejal Pedro Calvo y de dos responsables de la empresa Madrid Espacios y Congresos (Madrid), que gestiona el Madrid Arena. Según el informe del PSOE, el Madrid Arena no tenía licencia de uso, y en la fiesta no se cumplió la normativa de seguridad, lo que supone responsabilidades bastante graves" en los departamentos de seguridad de urbanismo del Ayuntamiento, así como por parte de Madridec, a la que ha acusado de favorecer a la empresa organizadora, Diviertt.

IU también considera "corresponsable" al Ayuntamiento en su dictamen, en el que acusa al Gobierno local de "abandono de funciones" por "haber sido demasiado transigente con una empresa con unos antecedentes de irregularidad" como Diviertt. De acuerdo con las conclusiones de UPyD, el Ayuntamiento de Madrid tuvo una responsabilidad clara en la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas de seguridad, en la falta de un dispositivo adecuado de seguridad y en la descoordinación de los servicios municipales implicados.

En los dictámenes, que hoy se votarán en el cierre de la comisión de investigación y posteriormente serán remitidos al pleno, todos los partidos incluyeron diferentes iniciativas dirigidas a elevar la prevención en los recintos municipales y en los grandes eventos. El PP incluyó el aumento de las inspecciones previas en los edificios municipales y la instalación de elementos digitales de control de aforos, especialmente para los grandes eventos, así como la actualización del operativo de los servicios de emergencia. El documento del PSOE fija recomendaciones sobre la modificación de la normativa urbanística y de seguridad y para mejorar la coordinación y la "transparencia", así como la disolución de la empresa pública Madridec, que sería sustituida por un organismo bajo control directo municipal y la gestión directa por parte del Ayuntamiento de Madrid de las "grandes instalaciones".