MÁLAGA. Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, Muñoz y otros cinco exediles aprobaron en una comisión de gobierno de agosto de 1998 otorgar licencia al proyecto básico a la sociedad Moansa y, posteriormente, en enero de 1999, Muñoz y los mismos exconcejales, salvo uno, dieron luz verde al permiso de obra al proyecto de ejecución de la edificación.

Estas autorizaciones se hicieron, dice la acusación pública, sobre su adecuación al documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "contraviniendo a sabiendas" el ordenamiento aplicable. Pero, además, estas obras afectaron a un vial público, para lo que se inició expediente de desafectación y posteriormente se permutó mediante un convenio con la empresa.

El ministerio fiscal acusa a Muñoz y a los entonces concejales por un delito continuado de prevaricación urbanística y solicita un año de prisión y 10 de inhabilitación para cada uno. Esta acusación está, según han señalado fuentes judiciales, dentro del acuerdo global de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y los exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) en sus distintas etapas.

En este caso hay otra acusación particular, en representación los propietarios de una parcela junto a la anterior y que se sientes perjudicados por dichas licencias, por la desafectación de la calle y por el cambio de calificación de su propiedad como parques y jardines, lo que les supuso un "trascendental perjuicio económico", dicen en sus conclusiones iniciales.

Según el escrito de acusación presentado por esta parte, en la querella que dio lugar a esta causa se denunciaba "una concreta forma ilícita de gobernar el municipio de Marbella, con perjuicio directo para los intereses difusos de la colectividad, pero también para derechos directamente individualizables", como los de estos particulares, que tenían una parcela colindante.

Asimismo, se aludía a "conductas y actitudes de tinte mafioso que resultaban impunes habida cuenta del poder omnímodo acumulado por el GIL" y al "abuso de poder ejercido respecto a mi mandante y su marido", ya que, supuestamente, dice el documento, "al negarse a transmitir su inmueble a la citada promotora", dicha propiedad quedó excluida del aprovechamiento urbanístico.

"El otorgamiento de la licencia ha ocasionado un perjuicio económico a mi mandante puesto que, al agotarse toda la edificabilidad --y en exceso-- del sector, el nuevo planeamiento de la ciudad no ha tenido más opción que calificar como no edificable la parcela de mi mandante", señala esta parte en su acusación inicial, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Respecto a la desafectación, se indica que se firmaron dos convenios y, tras llevarse a cabo, los metros cuadrados se transmitieron a la empresa "por el ridículo precio de 83.174 euros, cantidad que ni siquiera tuvo que desembolsar ya que como contraprestación el Ayuntamiento recibía un pequeño apartamento". El valor real o de mercado del terreno era de 1.081.821 euros, apuntan.

Por los primeros hechos, acusa a Muñoz y a cinco exediles de prevaricación urbanística, solicitando un año de prisión; mientras que por los últimos, acusa sólo a Muñoz de malversación por los perjuicios causados en las arcas municipales, pidiendo cuatro años de prisión; o, alternativamente, por un delito de fraude, por el que pide dos años de cárcel.