amurrio. Tras más de un año de trabajo, Amurrio ya cuenta con un protocolo municipal de actuación y coordinación interinstitucional para mejorar la atención a víctimas de violencia de género y agresiones sexuales. Se trata de un documento que marca las pautas a seguir por todos los profesionales implicados en esta problemática, de cara a proporcionar una atención de calidad a las mujeres que padecen situaciones de agresión y malos tratos, y trabajar en la prevención.

A la redacción de este documento le ha precedido un diagnóstico elaborado desde los servicios sociales y el área municipal de Igualdad, en colaboración con el tejido asociativo local, "por lo que podemos asegurar que tenemos una herramienta útil, ya que está hecha en casa, y que -por desgracia- la vamos a usar más de lo que nos gustaría", explicó la edil de Bildu, Eva Blanco, quien fue responsable de la concejalía de Igualdad durante la legislatura pasada.

En concreto, el protocolo dicta todos los pasos a seguir por la técnico de igualdad, la trabajadora social, la Policía Municipal y el gabinete de asistencia psicopedagógico GAPPA, en cuanto a personal municipal se refiere; así como por el centro de salud local, la Ertzaintza, el juzgado de Amurrio y el tejido asociativo, cuando se tenga constancia de un caso de violencia de género, bien sea por denuncia de la propia víctima, vecinos o familiares y amigos.

El texto, de casi un centenar de páginas, también propone crear un servicio de guardería, cargado al área de Igualdad o Acción Social, para resolver el problema de la atención a las hijas e hijos de las usuarias y que puedan realizar los trámites en caso de denuncia, así como recibir atención psicológica u otros recursos "sin preocupaciones". De igual forma, insiste en la necesidad de hacer prevención en los centros escolares dentro del currículo escolar y durante todo el curso y no sólo en fechas señaladas como el 8 de marzo o el 25 de noviembre.

En Amurrio la atención a las víctimas de violencia de género la realiza el servicio social de base, que cuenta con un servicio de atención psicológica y otro jurídico, dependiente de la Diputación; además de un piso de acogida. No obstante, el diagnóstico previo a la elaboración del protocolo señalaba la necesidad de una mejor coordinación entre el servicio social, los cuerpos de seguridad y los servicios sanitarios, de forma que se diera una mayor fluidez entre las distintas instancias y profesionales que intervienen atendiendo a las víctimas.