GASTEIZ. El Gobierno vasco en funciones ha tomado la decisión de recurrir el real decreto que fija las bases para establecer el importe máximo de financiación de las ortoprótesis, que será el mismo para todo el territorio estatal y que supondrá una reducción del coste sanitario de unos 53 millones de euros.

Así lo han anunciado hoy a Efe fuentes del Departamento vasco de Sanidad, que han explicado que el Consejo de Gobierno de mañana adoptará el acuerdo para interponer dicho recurso, aunque será el próximo Ejecutivo, que previsiblemente presidirá Iñigo Urkullu (PNV), el que deberá formalizar, si así lo decide, la presentación del recurso.

Las mismas fuentes no han aclarado los motivos legales esgrimidos por el actual Gobierno Vasco en funciones para recurrir el decreto ley del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El sistema aprobado por el Ejecutivo central se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, es decir, el copago en función de la renta, pero con "distintos límites aún por establecer".

Hasta la fecha cada comunidad autónoma establecía su propio catálogo de ortoprótesis, "lo que provocaba desigualdades entre los ciudadanos en función de dónde residían", para el Ejecutivo central.

Así, entre los aspectos que regula este proyecto de real decreto figura la creación de un catálogo común en el que se establecerá la prestación ortoprotésica suplementaria ambulatoria que, como mínimo, han de ofrecer todas las comunidades autónomas, Ingesa y mutualidades de funcionarios.

Este contencioso se sumará a los ya abiertos entre ambos ejecutivos, entre los que destacan el relativo a la paga extra de Navidad de los funcionarios de la Administración Pública Vasca, el del copago farmacéutico y la atención a inmigrantes, así como los relativos a recortes en Sanidad y Educación.

También tienen litigios relacionados con las aportaciones a los fondos de pensiones Itzarri (de trabajadores dependientes del Gobierno Vaco) y Elkarkidetza (para empleados de otras instituciones y sociedades públicas).

Además, a iniciativa del Gobierno central, hay varios recursos de inconstitucionalidad contra leyes vascas, como la de los derechos de los transexuales, la del dopaje en el deporte, la de consumidores y usuarios, o la de la Autoridad de la Competencia.