vitoria. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, afirmó ayer que la Ley de Tasas supone un "obstáculo más" para el acceso de los ciudadanos a la Justicia y opinó que podría ser inconstitucional. Así lo aseguró el fiscal antes de participar en una jornada de estudio organizada por Jueces para la Democracia en Vitoria para debatir propuestas de actuación ante las ejecuciones hipotecarias.

Calparsoro opinó que la nueva ley establece tasas "demasiado elevadas" y afecta al derecho a la tutela judicial que tiene el ciudadano. También explicó que, aunque el objetivo de la norma es que se litigue menos y los juzgados tengan menos actividad judicial, ello "no puede ir en detrimento del derecho del ciudadano al acceso a la Justicia".

Preguntado por el recurso que la Junta de Andalucía está pensado interponer, Calparsoro consideró que la norma podría ser inconstitucional, aunque matizó que eso es algo que le compete determinar al Tribunal Constitucional. En este sentido, explicó que este órgano ya ha determinado que no es inconstitucional la fijación de tasas, pero "sí que habría que discutir las cuantías, que es lo que más alarma ha generado".

Calparsoro añadió que habrá personas que con las nuevas tasas no van a poder presentar una demanda o acceder a un recurso. "Al final van a poder acceder a litigar los que tienen más recursos o los que tienen Justicia gratuita. Es poner una barrera más al acceso a la Justicia", matizó. También aseguró que el hecho de que se haya retrasado la entrada en vigor de la nueva ley hasta que Hacienda apruebe los formularios para que sean abonadas denota una "cierta improvisación".

Calparsoro se pronunció también por las concentraciones convocadas por la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales para ayer en todo el Estado para protestar por las nuevas tasas y también por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El fiscal jefe afirmó que "no suele ser habitual" la unión que se ha dado entre todas las asociaciones de jueces y fiscales -las cuatro judiciales y las tres de los fiscales-, lo que "demuestra" que no se trata de una cuestión "ideológica" sino de una "queja" ante unas medidas que se consideran "demasiado drásticas".

El fiscal precisó que hay aspectos de estas modificaciones que no le parecen mal, pero que entiende la queja, porque con medidas como la supresión de jueces y fiscales sustitutos se va a producir un "deterioro" y una "merma" del sistema.

desahucios En otro orden de cosas, Calparsoro aseguró también ayer que es posible que con la legislación vigente los jueces puedan determinar la dación en pago en los casos de personas desahuciadas de sus viviendas que estén en una situación especial de riesgo de exclusión.

El fiscal jefe recordó que el Código Civil permite que, a instancias de la Fiscalía, el juez adopte cualquier medida que vaya dirigida a evitar perjuicios, por ejemplo a menores de edad, a personas con discapacidad o que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. La Fiscalía, explicó, estaría legitimada para actuar y demandar al juzgado "la defensa de estos intereses, que serían prevalentes al interés legítimo del acreedor", es decir, de los bancos. Además, recordó que la Constitución establece que "los poderes públicos removerán los obstáculos para que la igualdad de las personas sea efectiva".