Vitoria. La entrada en vigor de la subida de las tasas judiciales provocó ayer un aluvión de protestas y críticas, así como advertencias sobre los efectos que el encarecimiento del acceso a la Justicia tendrá para muchos colectivos sociales. Es el caso de las mujeres que sufre violencia machista, que a su situación de víctimas suman a partir de ahora las dificultades para tramitar sus divorcios por no tener ingresos para costear el proceso administrativo.

En un comunicado, la directora de Emakunde, María Silvestre, señaló que las tasas judiciales "rompen" con el acceso igualitario de la ciudadanía a la Justicia y, en el caso de las mujeres maltratadas, supone "construirles una verdadera cárcel en sus propios hogares" ya que muchas de ellas no podrán sufragar los costes del proceso. En su opinión, el establecimiento de las tasas pone de manifiesto una "clara falta de coherencia" en la gestión del Gobierno del PP al establecerse la medida desde el Ministerio de Justicia pero a la que se opone "frontalmente" la política del de Sanidad, Política Social e Igualdad. Por ello, Silvestre planteó a las administraciones que estudien posibles vías compensatorias para los casos de violencia de género.

Sobre esta norma, que entró en vigor el miércoles tras su publicación en el BOE, pero que no se podrá aplicar hasta pasadas unas semanas ante la inexistencia de formularios, el portavoz del PNV en la Comisión de Justicia del Congreso, Emilio Olabarria, dijo que el Gobierno español ha "primado" el objetivo de ahorro frente a un derecho fundamental de los ciudadanos como la tutela judicial efectiva. Olabarria opinó que esta Ley de Tasas "nunca debió nacer", porque si un servicio público debe ser gratuito, es precisamente el de la justicia, puesto que constituye "el último mecanismo de amparo" de los derechos de los ciudadanos ante "tanto recorte, tanta limitación de derechos, tantas situaciones de arbitrariedad y abuso administrativo".

Gallardón insiste Ajeno a las manifestaciones contrarias a su medida y a las protestas protagonizadas por ciudadanos, consumidores, sindicatos, abogados, jueces y fiscales, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, justificó la subida de tasas porque "el sistema de la Justicia en España no puede continuar como está". En este sentido, dijo que la ley de tasas es el "primer paso dentro del cambio absoluto" que el Ejecutivo impulsará para que la Justicia resuelva los conflictos "en tiempo, con seguridad y con todas las garantías legales". "Entiendo y respeto a los que quieren continuar en el régimen vigente, pero no estamos dispuestos a mantener esa actitud conservadora", añadió.

Gallardón sostuvo que el Gobierno garantizará el acceso a la Justicia gratuita a quienes carezcan de recursos económicos para litigar y al mismo tiempo facilitará que los jueces y magistrados "resuelvan aquellos conflictos que de verdad deben ser resueltos y no queden paralizados en los tribunales". "Con todos mis respetos a todos los colectivos afectados, recuerdo que el Gobierno trabaja para el interés de los españoles", afirmó, para hacer hincapié en que se ampliarán los beneficiarios que podrán acogerse a la ley de justicia gratuita.

Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, dijo ayer que la ley de tasas judiciales es "difícilmente explicable", aunque, aseguró, los jueces están "obligados a cumplirla y hacerla cumplir porque se trata de una norma aprobada por las Cortes". El presidente del órgano de gobierno de los jueces optó por remitirse a la opinión crítica que el CGPJ aprobó cuando la ley estaba en fase de redacción, y añadió que la ley puede "tener algún aspecto positivo si contribuye a reducir la litigiosidad", aunque matizó que "si se ve afectada la tutela judicial al no poder acceder a la justicia todos los ciudadanos, eso sí sería preocupante". Asimismo, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) mantuvo ayer una reunión con jueces y abogados vascos donde examinaron el reciente decreto regulador de la asistencia jurídica gratuita elaborado por el Gobierno vasco y cruzaron información sobre la aplicación de la nueva Ley de Tasas.

Para hoy, la totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales han convocado concentraciones para hoy viernes ante el Ministerio de Justicia y ante las sedes judiciales de todas las capitales.