Hoy entra en vigor la ley que prevé una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales. Un tasazo judicial que afectará también al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Sin embargo, aunque la ley entre hoy en vigor todavía no están listos los formularios para pagarlas por habrá que esperar para abonar estas cuantías. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, explicó que la liquidación de las nuevas tasas se practicará una vez que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publique "en las próximas semanas" una orden que regule el procedimiento y los impresos de liquidación.
Con esta nueva ley los ciudadanos tendrán que pagar la tasa en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si se recurre ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.
Hasta ahora solo pagaban tasas como estas empresas con ingresos superiores a los ocho millones de euros, a quienes se ha incrementado la cuantía. Para el resto la justicia era gratuita. Con esta nueva medida solo las unidades familiares que tengan unos ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales estarán exentos de pagar.
La ley establece que las cuantías de las tasas se fijan en torno a dos partidas. La primera de ellas es la fija, que va desde los 100 euros hasta los 1.200. A esta parte habría que sumar una segunda cantidad que corresponde a un porcentaje sobre el interés económico del pleito. Este varía del 0,25% si es inferior a 1.000.000 y 0,5% si es superior.
Ante estas nuevas tasas, los juzgados tuvieron ayer una mayor intensidad ya que muchas personas quisieron aprovechar el último día sin tasas para iniciar sus trámites.
El tasazo judicial ha causado un gran rechazo entre todos los grupos de la oposición y el conjunto de los operadores jurídicos. Estos consideran que la subida de las tasas dificulta el acceso a los tribunales y tendrá un efecto disuasorio.
Ante este gran rechazo el preámbulo de la norma ya especifica que "El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita".
recurso al constitucional Esta justificación no es suficiente para el PSOE quien recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley ya que los socialistas consideran que "vulnera el acceso al derecho a la tutela judicial efectiva" y va a impedir que los ciudadanos sin recursos puedan acudir a los tribunales.
La decisión llega después de que el presidente del Consejo General de Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, pidiera al PSOE que planteasen este recurso, habida cuenta de que es el único grupo parlamentario de la oposición con suficientes diputados para formalizar esa impugnación.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró ser "consciente" de lo que significa la implantación de las tasas judiciales y de la preocupación que han generado pero defendió su aplicación. "No me escondo", recalcó el titular de Justicia, que agregó que las tasas "están plenamente justificadas".
El ministro dijo que el porcentaje del coste para el Estado que se quiere cubrir con las tasas está 20 puntos por debajo de la media europea.
El presidente de la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio y Asistencia Gratuita, Germán Ramón Inclán, indicó que las nuevas tasas van a "promover el fraude" en "deudas pequeñas de 300 o 400 euros con un fontanero, un electricista o un restaurante; la gente se va a aprender la película, no pagar, porque para empezar a reclamar la deuda se va a tener que pagar una tasa que en muchos casos va a ser superior".
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Inmaculada Montalbán, también alertó sobre las consecuencias negativas que puede tener esta medida. Montalbán aseguró que con las tasas se crea "un obstáculo" para que las víctimas de malos tratos soliciten la separación o divorcio de su agresor.
