Vitoria. El actual equipo de gobierno municipal tiene los conceptos bien aprendidos, al menos, en materia de Policía Municipal. Pese a la insistencia en la petición, desde el Departamento de Seguridad Ciudadana se mantiene con la misma insistencia la negativa a la participación de una de las centrales con mayor representatividad en el cuerpo (ErNE, sindicato independiente de la Policía vasca) en las reuniones de trabajo que se convocan habitualmente para tratar sobre las condiciones de trabajo de los agentes. El último de los vetos al respecto llegó el pasado día 7 a través de una misiva que, a su vez, contestaba a la enésima petición del citado sindicato, que aglutina al 20% de los afiliados en la Guardia Urbana.

En concreto, el documento en el que se vuelve a denegar ejercer sus derechos sindicales a la citada central comunica a ésta la imposibilidad de atender su petición al no estar constituida en sección sindical. Según el Departamento de Seguridad Ciudadana, dicho requisito es ineludible para ser convocado a reuniones como la de la Mesa de Agirrelanda, en la que se tratan asuntos relacionados con el servicio policial una vez a la semana. "Es por ello que, en tanto no se haga efectivo dicho requerimiento, no nos resulta posible acceder a su solicitud", indica la carta suscrita por el ya exdirector general del Departamento de Seguridad Ciudadana, Javier Sáez Lanas. Al parecer, el citado, en el ejercicio de sus funciones, arguye que la nueva negativa a la incorporación de ErNE se realiza tras haber consultado previamente con el Departamento de Función Pública, que es el área que gestiona al funcionariado municipal y sus condiciones laborales.

La negativa de marras contesta a una petición previa en la que el sindicato afectado por la decisión municipal solicitaba ser informado de forma adecuada y con antelación suficiente de la convocatoria a las reuniones periódicas que tienen lugar en dependencias de Agirrelanda, "en las que diferentes representantes de la parte social y de su dirección discuten y toman decisiones que afectan a esta Policía Local y, por ende, a nuestros afiliados", indica el sindicato en su petición.

Sea como fuere, se da la circunstancia de que esta actitud municipal está judicializada. De hecho, ErNE ya ha presentado una demanda ante la Justicia al considerar que desde el Ayuntamiento se impide el desarrollo de los derechos sindicales y de representación de la central y de sus afiliados, que llegarían al 20% de los números y mandos entre los municipales. En definitiva, se acusa al Consistorio gasteiztarra por negarles reiteradamente la acreditación de una sección sindical propia en el cuerpo.

Sin embargo, desde el ejecutivo local se esgrime su determinación al considerar que la central no tiene derecho a representación. A su juicio, las quejas de ErNE no tendrían sentido ya que "este sindicato no cuenta con representación en el Ayuntamiento", tal y como han explicado en varias ocasiones al ser interpelados portavoces del Ejecutivo. Atendiendo a esta razón, no cabría ninguna duda sobre el particular. Ahora bien, ErNE sí que se presentó a los pasados comicios y logró un buen número de votos gracias a una candidatura conjunta con otra central profesional, SIPLA. El compromiso de ambos logró dos representantes, en principio, uno por central. Sin embargo, este pacto se habría roto de manera unilateral por parte de SIPLA.

Obligación legal Al respecto, fuentes de ErNE consideran que "con tener un solo afiliado dentro de la plantilla existe la obligación legal de acreditar la sección sindical y ErNE no sólo cuenta con uno, sino con el 20% de los agentes que están afiliados a sindicatos en la Policía Local de Vitoria. De hecho, la afiliación real del cuerpo se reparte entre SIPLA y ERNE, por delante de ELA y CCOO".

Sea como fuere, lo cierto es que la jurisprudencia al respecto da la razón a la central, que habría ganado juicios similares a otros consistorios vascos. Por ejemplo, en Donostia, en 2004, no sólo se les reconoció su derecho a contar con los medios necesarios para trabajar como central independiente dentro de las dependencias municipales, sino que la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la capital guipuzcoana incluso les llegó a reconocer las horas sindicales acumuladas durante dos años a sus cinco representantes.

En Bilbao, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 también reconoció en 2011 la legitimidad del sindicato para efectuar resoluciones y obligó al Ayuntamiento a facilitar las documentaciones que solicitaba y se le negaban.