Vitoria. Acuciados por una presión social creciente y al calor de la alarma generada tras el suicidio de Barakaldo, los grupos municipales del Ayuntamiento de Vitoria pactaron ayer una batería de medidas para frenar, en la medida de sus posibilidades como Administración, la sangría de desahucios que se producen, también, en la capital alavesa. Las cifras bailan, pero a la sede de Kaleratzeak Stop Araba -que ayer hizo uso del turno popular- llegan hasta cuatro personas cada semana en busca de ayuda, una cifra que puede dispararse habida cuenta de que, como comentó el portavoz del PSE, Patxi Lazcoz, casi 12.000 vitorianos carecen de cualquier tipo de ingreso porque se les ha terminado el paro.

No podía repetirse la situación del 27 de abril, cuando un primer debate sobre desahucios se saldó sin ningún acuerdo. Así, en un Pleno al que los grupos de la oposición acudieron con sus propias propuestas y una voluntad de pacto acorde con la urgencia de la situación, PNV, Bildu y PSE negociaron unificar todas las medidas en un único texto que se votó punto por punto y que el PP avaló en la mayoría de los casos.

El resultado es el siguiente: El Pleno instó al Gobierno municipal a dirigirse a las entidades financieras que operan en la ciudad para pedirles flexibilidad para con las personas en peligro de perder su casa, solicitó la modificación de la Ley Hipotecaria, la instauración de la dación en pago, la revisión de los intereses de demora y la promoción del alquiler social. También instó al Parlamento Vasco a que reclame la competencia en materia de hipotecas, pidió a las Juntas Generales que eximan de pagar el impuesto de plusvalías a quien sea objeto de desahucio -hay quien, después de haber sido desalojado, ha recibido una receta de la Diputación de 6.000 euros-, y apoyó las concentraciones ciudadanas contra esta situación.

En cuanto a las medidas de verdadero calado, en las que el Consistorio puede hacer uso de su capacidad de presión, las hay de todo tipo. El Ayuntamiento debe revisar sus relaciones con las entidades que no suspendan los lanzamientos -es decir, cancelar sus cuentas en esos bancos-, ha de crear un programa de ayudas a las familias en situación extrema, tiene que activar sus recursos residenciales para dar techo a quien lo necesite, debe colaborar con las plataformas que trabajan con los desahuciados y ha de publicar en su página web el listado de las entidades financieras de la ciudad que han suspendido los lanzamientos y el de las que no lo han hecho.

No vinculante Ahora resta dar encaje jurídico y presupuestario a una batería de medidas de urgencia que hay que concretar y sobre cuya viabilidad el alcalde, Javier Maroto, mostró sus dudas. El primer edil advirtió, por ejemplo, de que no hay partida para las familias en situación de necesidad, y lanzó un aviso a navegantes: "Las mociones no tienen carácter vinculante".

En todo caso, ayer el Pleno estaba obligado a entrar en la raíz del problema y mover ficha, y los grupos lo sabían, aunque no por ello se pudo evitar un amago de intercambio de reproches. La teniente de alcalde, Ainhoa Domaica, acusó a Lazcoz de no haber actuado contra el problema cuando era primer edil, y por contra afirmó que "gracias a un Gobierno del PP se están tomando medidas", en referencia al decreto sobre desahucios aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.