Vitoria. ¿Se debe financiar con fondos públicos a un colegio que excluye a determinados alumnos y profesores por razones de sexo? Según el Gobierno Vasco, que en el curso 2009-2010 estableció la concertación con cinco centros sólo para chicas o chicos, sí. Según el sindicato STEE-EILAS no, y por ello recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la orden del Departamento de Educación de Isabel Celaá. El pasado día 8, el TSJPV dictó una sentencia en la que desestima el recurso del sindicato por entender que no es parte legitimada o interesada en la cuestión -STEE-EILAS habla de "razones formales"-, pero "sin estar obligado a ello" resalta la improcedencia de que estos centros reciban financiación pública.

El sindicato recordaba que la actual Ley de Educación exige a los centros privados que apliquen las mismas condiciones de admisión de la enseñanza pública si quieren acceder a dinero de los contribuyentes. Asimismo, STEE-EILAS considera que la decisión del Gobierno Vasco vulneraba la Ley de Igualdad, pues en estos centros -la mayoría de la órbita del Opus Dei, según el sindicato- tampoco el profesorado es mixto.

La central sindical recuerda que el pasado 23 de julio el Tribunal Supremo imponía el criterio de la coeducación como requisito imprescindible para que los centros puedan acceder a fondos públicos, una condición que no cumplen los colegios Gaztelueta y Munabe, de Bizkaia; y Erein, de Gipuzkoa; que sólo admiten a chicos y profesorado masculino; y Ayalde (Bizkaia) y Ezkibel (Gipuzkoa), donde el caso es justamente el contrario. En total, se concedieron 9,5 millones de euros para el funcionamiento diario de 132 aulas de estos centros.

"Se equivocó el Departamento de Isabel Celaá dando luz verde a la financiación sin atender los requerimientos del sindicato y se equivocan los centros que insisten en que sus idearios sean financiados por la Administración por encima de cualquier condicionamiento", señala STEE-EILAS en una nota de prensa. La central cree que con el fallo del TSJPV "se acabaron las excusas; ni el nuevo Gobierno del PNV ni el de UPN podrán mirar para otro lado, se debe tomar nota de esta sentencia y aplicar de oficio la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo". Para STEE-EILAS, "cualquier otra actitud sería incomprensible en quien debe velar por una gestión racional y estrictamente legal de los fondos públicos".

El sindicato censura además la actitud del ministro de Educación, José Ignacio Wert, que tras la sentencia del Supremo "en vez de acatar la norma, decide cambiar las reglas del juego, modificando la Ley a su antojo a través de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), de manera que dichos centros sigan recibiendo financiación pública".