madrid. El dramático desenlace del desalojo de una vivienda en Barakaldo ha servido para que el Gobierno español y la oposición consideren necesario acelerar sus reuniones para buscar una solución a los desahucios. Ayer por la mañana la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se pusieron en contacto con la voluntad de acelerar "al máximo" los trabajos destinados a frenar los desahucios mediante medidas legales. Y por la tarde, el presidente español, Mariano Rajoy, aprovechó un acto electoral en Lleida para adelantar que el lunes el Gobierno del PP podría anunciar "la paralización temporal de los desahucios que afectan a familias más vulnerables".
Después de que el pasado miércoles Sáenz de Santamaría y Valenciano compartieran un almuerzo de trabajo y acordaran pactar "cuanto antes" una reforma legal contra el drama social asociado a las ejecuciones hipotecarias, ayer ambas volvieron a ponerse en contacto para tratar de aligerar los trabajos iniciados. Fuentes del Gobierno informaron de que se ha considerado urgente avanzar en una propuesta relativa a los periodos de carencia para impedir que se hagan efectivos los desalojos de las familias afectadas, después de que dos personas se hayan suicidado en el Estado español en menos de veinte días por este motivo.
De hecho, la intención del Gobierno es llevar esta iniciativa a la reunión que tendrá lugar el próximo lunes con representantes del PSOE.
comisión de expertos También ayer conversaron la secretaria de Economía del PSOE y coordinadora de los tres expertos nombrados por los socialistas para abordar el tema de los desahucios, Inmaculada Rodríguez-Piñero, y el subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, encargado por su parte de la coordinación de los expertos elegidos por el Gobierno para estudiar la citada reforma legal.
Después de conocerse la creación de este grupo de trabajo, el Ministerio de Economía solicitó a las patronales de la banca -la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)- sus datos estadísticos relacionados con los desahucios con el fin de hacer un balance de la situación y, en función de eso, tomar las decisiones oportunas.
Tras el último Consejo de Ministros -celebrado el jueves porque ayer era fiesta en Madrid-, la vicepresidenta explicó que a la hora de desarrollar las medidas que saldrán de este grupo de expertos habrá que diferenciar entre aquellas unidades familiares que realmente tengan problemas por causas ajenas a su persona de quienes tienen responsabilidad en la deuda. "Hay que evitar el fraude", apostilló.
En este sentido, el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, abogó por establecer nuevas fórmulas, con el objetivo de poner fin a los desahucios, como la ampliación de plazos para pagar la hipoteca; flexibilizar las condiciones de la misma o implantar un alquiler con una renta social en la misma vivienda en la que residen los afectados para evitar que la tengan que abandonar.
proponer medidas En la última semana el Gobierno español, presionado por la opinión pública y los acontecimientos, ha decidido volcarse en intentar lograr medidas ante los desahucios y así la vicepresidenta presidió el pasado día 6 una reunión de un grupo interministerial que analizó el problema y en cuyo transcurso se dejó patente la voluntad de "actuar con determinación" para hacer frente a este asunto. En la reunión de ese grupo interministerial participaron además el jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal; el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, y el propio Miguel Temboury, junto a representantes de los Ministerios de Hacienda y Justicia.
Los Ministerios de Presidencia y Economía tuvieron un contacto "urgente e inmediato" para ultimar una propuesta de periodo de carencia para evitar desahucios entre los colectivos más vulnerables. Fuentes gubernamentales apuntaron que esta propuesta será llevada el lunes a la reunión que mantendrán los expertos del Gobierno y los del PSOE.
Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, abogó ayer por aplicar un cambio "profundo" en la legislación en materia de desahucios para evitar situaciones como los suicidios de personas que no pueden afrontar el pago de hipotecas. Así lo manifestó ayer al ser preguntado por la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de retirar los fondos depositados en las entidades financieras que no respondan a su petición de agotar las medidas de diálogo y de intermediación en los casos de desahucios a familias sin ningún recurso económico para hacer frente a la hipoteca.
Aunque no se pronunció sobre esta medida, Soria consideró que "hay que operar un cambio profundo e importante en la legislación en materia de desahucios porque no hay derecho a que estén ocurriendo las situaciones que hoy sufren familias desesperadas".
