vitoria/valladoliD. El portavoz de la iniciativa Araba sin Garoña, Alberto Frías, se felicitó ayer por del cierre de la central nuclear burgalesa después de "años de lucha" pero criticó que el desmantelamiento se va a pagar con dinero público mientras las centrales eléctricas "se embolsan los beneficios".
Frías atribuyó la "victoria" del cierre de Garoña a la movilización popular, aunque consideró que la fecha de cierre se fijó en 2011 en Japón con la catástrofe de la central de Fukushima, gemela a la planta atómica castellana, ubicada a unas pocas decenas de kilómetros de la capital alavesa. En este sentido, consideró que el verdadero motivo para que Nuclenor -propietaria de la instalación nuclear- no haya solicitado una nueva prórroga de su actividad radica en las condiciones de seguridad en las que está operando Garoña y las obligaciones que ha exigido la Unión Europea a raíz del accidente de Japón.
Según Frías, Nuclenor -subsidiaria, a su vez, de las multinacionales eléctricas Endesa e Iberdrola, que comparten al 50% su accionariado- tendría que haber acometido una inversión mínima de 140 millones de euros para llevar a cabo medidas de fondo y estructurales, que le habrían obligado a parar su actividad durante un largo tiempo.
En este sentido, advirtió de que el cierre de Garoña se va a producir con el Gobierno "más pronuclear" que ha habido en España, "más que los propietarios de la central", debido a una directiva europea que ha endurecido las medidas de seguridad de las nucleares, algo que Araba sin Garoña llevaba exigiendo desde hace 10 años. Aunque se felicitó por la noticia, denunció que el dinero para el desmantelamiento va a salir del "bolsillo público, común" mientras que las eléctricas Iberdrola y Endesa "se han embolsado durante años los millones de beneficios" de la actividad de Garoña. Según añadió, la explotación de la central generaba anualmente unos beneficios de 250 millones de euros y reclamó que éstos reviertan en el desarrollo económico de la zona.
A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que haya empresas interesadas en comprar Garoña, descartó que haya alguien en condiciones de invertir en esta central. Tampoco otorgó credibilidad a quienes alertan de una subida del precio de la luz debido al cierre de Garoña y afirmó que la aportación de esta central a la producción eléctrica es "totalmente inapreciable".
Sobre la pérdida de empleo en la zona próxima a la central, Frías puso el ejemplo de Zorita (Guadalajara), y señaló que el proceso de desmantelamiento de Garoña que durará 9 u 11 años, generará actividad y más puestos de trabajo que los que había con la central en funcionamiento.
Por su parte, el diputado general de Álava, Javier de Andrés, señaló que el previsible cierre de la planta se debe a que está "agotada". Asimismo, resaltó que, mientras ha permanecido activa, ha "economizado" las facturas eléctricas y ha tenido una vida útil "sin causar daños". Asimismo, apuntó que "lo más importante" en la explotación de una central son las garantías medioambientales y de seguridad, las cuales "se han dado hasta la fecha". En este sentido, explicó que, ahora, las exigencias del Gobierno central en dichas cuestiones "han conducido a la conclusión de que la central no es eficiente y tiene que cerrarse".
Por último, el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que la central se encuentra "en el precipicio" después de que Nuclenor presentara la documentación asociada al cierre de la instalación, lo que acerca la situación a un "momento irreversible".
