Madrid. El Tribunal Constitucional dio ayer un varapalo a Mariano Rajoy y al Partido Popular (PP) al dictaminar que el matrimonio homosexual se ajusta a la Constitución española. El Alto Tribunal rechazó, por ocho votos a favor y tres en contra, el recurso presentado por el PP hace siete años contra la reforma del Código Civil que regula el matrimonio homosexual. El fallo recoge tres votos particulares de los magistrados del sector conservador Andrés Ollero, Ramón Rodríguez Arribas y Juan José González Rivas. Por su parte, el magistrado progresista Manuel Aragón ha emitido un voto concurrente, es decir, que está a favor del fallo pero tiene algunas objeciones jurídicas al mismo. Por su parte, el magistrado del bloque conservador Francisco Pérez de los Cobos votó a favor de rechazar el recurso.
Desde que la reforma del Código Civil entro en vigor en julio de 2005 y hasta el año pasado, se han celebrado un total 22.124 bodas entre personas del mismo sexo, de las que 897 han acabado en divorcio o separación, según datos del INE. El número de estos matrimonios se ha mantenido más o menos constante, con entre 3.000 y 4.000 al año.
El Constitucional echa así por tierra ese recurso que el PP argumentó sobre la base de una desnaturalización de "la institución básica del matrimonio" y sobre la supuesta violación de siete artículos de la Constitución. El partido de Rajoy recurrió el matrimonio homosexual en la época de mayor confrontación y crispación con el gobierno de Zapatero. Escuchó la irritación de la Iglesia católica y de los sectores más conservadores dentro de la formación y de su electorado.
Y se apoyó en ellos para acudir al Constitucional. De nada sirvieron las voces dentro del propio partido que abogaron por no recurrir una ley que también miembros del PP interpretaban como un avance en la igualdad. Porque no todos los integrantes del partido conservador estuvieron de acuerdo. Algunos lo hicieron saber públicamente. Militantes y simpatizantes de la formación conservadora también se beneficiaron de la reforma socialista. Y el tema planteó una división en la formación. El hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió a título particular la constitucionalidad de la medida. Y él mismo, como alcalde de Madrid, casó a parejas del mismo sexo. La diputada Celia Villalobos rompió incluso la disciplina de partido y votó a favor del matrimonio homosexual en el Congreso de los Diputados. El ahora portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, siempre ha manifestado claramente que está a favor de la ley.
"En el Partido Popular hay gente que tiene unas convicciones y gente que tiene otras, y las personas tienen derecho a mantener sus convicciones personales con o sin sentencia", dijo hace unos meses. Los homosexuales del PP pidieron a Rajoy que frenara el recurso. "Es ir contra los derechos de gays y lesbianas", dijo el coordinador del Grupo de Lesbianas y Gays del partido. Pero Rajoy se negó. "A lo largo de la historia el matrimonio ha sido la unión de un hombre y una mujer", manifestó el entonces líder de la oposición, partidario de las uniones de hecho, con los derechos de los matrimonios heterosexuales pero fuera de la institución matrimonial. Con el tiempo, Rajoy y el PP han ido relajándose en las formas. "Nosotros recurrimos no porque la unión entre dos personas del mismo sexo produjera efectos jurídicos, que no nos importaba, lo único que recurríamos era el nombre, es decir, el nombre matrimonio", dijo ayer Rajoy en una entrevista radiofónica horas antes de la decisión del Tribunal Constitucional. Hay que esperar "a ver qué dice" el Tribunal Constitucional y "luego tomaremos una decisión", dijo ayer Rajoy. Pero Gallardón se adelantó por la tarde y anunció que "no cambiará la reforma tal y como anuncié en su día -recalcó-. El PP, lo que hará será, acatando la sentencia del TC, no modificar la vigente ley y, por lo tanto, dejar exactamente en la regulación que el TC ha validado la normativa que afecta al matrimonio entre personas del mismo sexo".
Sufrimiento e incertidumbre Entre tanto, las asociaciones de gays y lesbianas acusan al PP y al presidente del gobierno de haber generado "sufrimiento" e "incertidumbre" a 30.000 parejas, las que según ellas se casaron desde 2005 al amparo de la reforma de Zapatero. La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Boti García Rodrigo, afirmó que lo que ha hecho el alto tribunal "ha sido dar por bueno lo que es bueno en la realidad y es que toda la ciudadanía debe gozar del mismo rango igualitario". "Han sido "muchos años para que por fin" el TC haya dicho lo "obvio y es que los gays y las lesbianas caben dentro de la Constitución: estamos en todas partes y tenemos los mismos derechos y los mismos deberes". Rajoy debe disculparse "por haberlo presentado (el recurso) y no haberlo retirado en siete años", manifestó por su parte el PSOE.
