Vitoria. "Según el calendario establecido en la Orden Ministerial vigente (aprobada el 3 de julio de 2009), Santa María de Garoña cesará su actividad el próximo 6 de julio de 2013". Claro y conciso, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) -organismo regulador competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica en el Estado- concluye de esta forma el comunicado en el que da fe de la recepción de la documentación solicitada a Nuclenor, propietaria de la central nuclear, para guiar el proceso de predesmantelamiento de la instalación burgalesa. Éste comenzará, según el plannig oficial diseñado al respecto, un segundo después de que la planta deje de estar operativa y se prolongará durante años, tantos como sean necesarios antes de que Enresa (empresa pública que se ocupa de la gestión y almacenamiento seguro de los residuos radiactivos que se producen en España) se haga cargo del desmantelamiento de la infraestructura ubicada en el Valle de Tobalina.
Una vez cumplido este paso administrativo por parte de la titular de la central, subsidiaria a su vez de las multinacionales eléctricas Iberdrola y Endesa, que comparten su accionariado al 50%, el proceso que en teoría ha de acompañar al cierre de la central nuclear decana de la red española cumplimentará nuevos pasos. Estos, según indican desde el CSN, dependerán ahora de sus direcciones técnicas, que se encargarán de analizar la información remitida por los gestores de la instalación atómica castellana. Una vez comprobada la bondad de las informaciones cursadas -que incluyen planes de emergencia, manuales de garantía de calidad y de protección radiológica, estudios de seguridad y de gestión de los residuos radiactivos y especificaciones técnicas de funcionamiento, entre otras consideraciones-, el CSN presentará su informe y lo elevará al plenario de la institución para su estudio y posterior envío al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que será quien decida finalmente sobre el cierre de la planta.
Cuando eso suceda -si sucede-, se pondrá punto y final a este episodio del rocambolesco juego de intereses en el que se dirime el futuro de la central. Éste, independientemente de otras consideraciones, reside en gran medida en las disposiciones recogidas por la documentación asociada a la declaración de cese definitivo de la explotación de Santa María de Garoña, que se envió al CSN el pasado lunes, con un día de antelación sobre la fecha final habilitada para su recepción en la sede madrileña del regulador. Dicha información responde a la Instrucción Técnica Complementaria (en argot del sector nuclear, ITC) aprobada por el Pleno del CSN el pasado 12 de septiembre una vez que Nuclenor apurara el plazo de dos meses abierto desde el actual Ejecutivo central, en manos del Partido Popular de Mariano Rajoy, para que solicitase una prórroga de la vida útil de la instalación, al menos, hasta 2019.
En ese sentido, la negativa de Nuclenor en aquel momento obedeció, según la propietaria de la planta, al escenario de incertidumbre abierto por el actual Gobierno en su afán por gravar la producción de energía. Dadas las circunstancias, la empresa envió una comunicación al Ministerio de Industria -que, previamente, había permitido la posibilidad de que la instalación siguiera en activo más allá de 2013- en el que explicaba que no se podía aventurar a seguir con el negocio en Garoña sin saber cómo le iban a afectar los nuevos gravámenes sobre la energía nuclear. Estos, en principio, gravarán un 6% todos los métodos de generación eléctrica. De ahí que los propietarios adoptasen una postura, en principio, drástica, pero que podría no ser la final. No en vano, en el citado documento remitido al Ministerio regido por el pronuclear José Manuel Soria indicaba que una vez despejadas las incógnitas surgidas, "Nuclenor podría solicitar la renovación".
En cualquier caso, tal circunstancia ha quedado como una opción, por ahora, no contemplada en la compañía que gestiona Garoña. Es más, el actual escenario parece muy diferente, al menos, en el día de hoy, en el que ya se conocen las fórmulas y protocolos que Nuclenor respetará en el proceso que va desde el final de la actividad industrial hasta el inicio del desmantelamiento de la planta, periodo que, hoy por hoy, nadie puede precisar con exactitud hasta cuándo se prolongará, según indicaron a este diario fuentes del sector, que señalan que los precedentes existentes al respecto en el Estado son muy dispares y poco concretos.
Bajo esas perspectivas, la conclusión parece clara: Garoña dejará de producir electricidad el 6 de julio de 2013. Es decir, en apenas ocho meses. Ésa es, al menos, la postura oficial reiterada en todos los foros y organismos oficiales que tienen algo que decir en política nuclear -CSN y Ministerio de Industria-. Incluso, desde Nuclenor se confirman las circunstancias. En ese sentido, Antonio Cornadó, responsable de Relaciones Externas de la citada compañía, confirmaba ayer a este rotativo que "el escenario que hay encima de la mesa es el que está gestando el proceso de cese de la actividad en 2013". Ahora bien, el proceso administrativo puesto en marcha para facilitar tal circunstancia "no es irreversible. No es un camino cerrado", aunque a medida que pasan los días, las semanas y los meses camino del próximo ejercicio, "cada vez quedan menos opciones" para cambiar el curso de los acontecimientos y tratar de mantener en funcionamiento la planta, indica el directivo.
Pese a la oficialidad de los discursos aquí incluidos, desde Iberdrola y Endesa se podrían barajar otros posibles finales, muy diferentes al cierre controlado de Garoña, y ante los que Nuclenor se mantendría "ajena", según Cornadó. Al respecto, distintos medios madrileños apuestan por la existencia de, al menos, dos consorcios empresariales, que estarían dispuestos a adquirir la planta burgalesa para mantener en activo. En ese sentido, incluso, se baraja en las citadas informaciones la posible solicitud para extender la vida útil de la central hasta los 60 años.