Madrid. El Ayuntamiento de Madrid reconció ayer que si bien el Madrid Arena cumple toda la normativa de seguridad y emergencia del momento en el que se construyó, la Ley del Suelo de la Comunidad de 2001, no está adaptado a las normas más recientes porque, al no haberse producido ningún cambio de licencia ni de uso, no era necesario acometer los criterios estipulados en legislaciones ulteriores, en referencia al código técnico de edificación de 2006.

En este sentido, González puso como ejemplo lo que ocurre con los automóviles, donde las normas que salen sobre esta materia incluyen requisitos "más exigentes" de seguridad, pero también pueden circular vehículos más antiguos porque cumplen con los requisitos básicos en ese campo. Por su parte, la delegada de Urbanismo, Paz González, defendió ayer que, de tener que hacer las adaptaciones incluidas en las normas más recientes, "se tendrían que demoler la mitad" y todos los inmuebles tendrían que ser sometidos a "obras constantemente". "Y la Ley no lo pide", añadió.

La delegada insistió en que las normativas posteriores al 2001, año en que se construyó el recinto, no prescriben la adaptación a las nuevas disposiciones en esta materia: "La ley no se aplica con carácter retroactivo y las normas urbanísticas tampoco".

Por otra parte, González se refirió a un informe publicado en un diario nacional en el que se aludía a deficiencias técnicas para aclarar que ese documento es una respuesta a una consulta de Madrid Espacios y Congresos realizada a la Gerencia de Urbanismo en un contexto en el que se estaba en un proceso de venta del inmueble. En ese sentido, esa contestación aludía a unos comentarios sobre las adaptaciones que se deberían cumplir de los objetivos de código técnico de edificación del año 2006 de producirse la venta. Ello se debe a que al pasar de una titularidad pública a la privada se requeriría pedir un cambio de licencia, se deben hacer las adaptaciones.

No obstante, Antena 3 publicó ayer que en la fiesta de Halloween hubo irregularidades graves como el precinto dos de las tres salidas directas, la no profesionalidad de los miembros de seguridad o la venta de hasta 20.000 entradas en un aforo para 10.000 personas.