Donostia. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, aseguró ayer que "en ninguno de los procedimientos" abiertos por el presunto robo de bebés en Euskadi "se ha podido acreditar existencia de delito", aunque "está claro que se debieron producir situaciones de ilegalidad" en adopciones, "con o sin contraprestación económica". De los 197 procedimientos abiertos en Gipuzkoa por presuntos casos de sustracción de recién nacidos o presuntas adopciones irregulares entre las décadas de los años sesenta y ochenta, un total de 87 se han archivado. En Araba se han incoado 34 procedimientos de los que se han archivado 27; y en Bizkaia 74 de los que se han archivado 46.

Calparsoro ofreció estos datos durante su comparecencia en la Comisión de Estudio sobre presuntos bebés robados y adopciones irregulares de las Juntas de Gipuzkoa donde contestó a las cuestiones planteadas por los grupos junteros. Así, el fiscal jefe del TSJPV destacó que en todos estos procedimientos, "en cuanto se ha visto un mínimo de credibilidad de las denuncias", se ha realizado una "intensa" y "exhaustiva" investigación por parte de la Ertzaintza así como de los jueces y fiscales. "No se ha ahorrado ningún esfuerzo", describió.

En cuanto a las tres exhumaciones practicadas en Gipuzkoa indicó que en dos no se han encontrado restos orgánicos de recién nacido, una de ellas la del panteón de la familia Losa-Ocáriz, caso por el cual ha mostrado una especial "preocupación", pero en la tercera sí, y, además, el análisis de ADN de los mismos ha sido positivo, por lo que se ha sobreseído esta causa.

"En ninguno de los procedimientos incoados en Euskadi se ha podido acreditar la existencia de delito, es decir la sustracción del recién nacido, ni siquiera con indicios razonables", entre otras cosas porque "es posible que muchas de las personas involucradas hayan fallecido" y, además, "en muchos procedimientos se ha comprobado que el bebé nació y falleció por causas naturales, o ni siquiera se ha podido probar de una manera mínimamente creíble la posibilidad de una sustracción".

"Problema legal" Tras señalar que una de las personas que trabajaba en el hospital guipuzcoano Nuestra Señora de Arantzazu, en donde más partos se producían en el periodo investigado, y realizaba labores de intermediación en adopciones es una monja ya fallecida, apuntó al "problema legal" de la prescripción que la Fiscalía guipuzcoana "descarta" aunque algunos juzgados, "sobre todo en Bizkaia", sí aplican. Explicó que se pudieron producir delitos de "menor gravedad" que la sustracción, como las adopciones ilegales, penados con hasta 6 años de prisión, y que prescriben antes.

En todo caso apuntó que "es difícil hablar de trama o de una organización, aunque sí que eran las monjas las que hacían el papel de intermediarias entre hospitales y casas cuna en manos de organizaciones de la Iglesia, porque entonces las diputaciones no se dedicaban a estas cuestiones o no tenían medios" y "les era más fácil dejarlo en manos de órdenes religiosas". "Sin duda se dieron casos, también de entregas de bebés en adopción, muy frecuentes en aquellos años por lo que se dice en las diligencias y lo que dicen los médicos, de mujeres que daban a luz y ni siquiera veían a sus bebés porque antes de dar a luz ya decían que querían darlos en adopción y, posteriormente, en algunos casos se arrepentían aunque ya no había solución porque el bebé se había entregado a una familia", manifestó.