vitoria. La consejera de Educación en funciones, Isabel Celaá, advierte de que, si la mayoría absoluta del PP lleva adelante la Ley de reforma educativa, tal como la ha planteado, la Comunidad Autónoma Vasca la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

"Si el debate político que haya en las Cortes Generales cuando se presente la propuesta, como propuesta de Ley, no da satisfacción a las competencias de las comunidades autónomas, tendremos que recurrir al Tribunal Constitucional", asegura.

En una entrevista concedida a ETB, Celáa asegura que este planteamiento retrotrae a una época preconstitucional porque claramente es ajeno al ordenamiento jurídico vigente, al reparto competencial entre la Administración general del Estado y las comunidades autónomas.

"Las comunidades autónomas somos competentes en Educación y, por tanto, esta propuesta nos lleva a épocas en las que no había reparto competencial. Ignora completamente que las comunidades autónomas propias tenemos un 45% de espacio para poder fijar nuestro curriculum; ignora completamente que las comunidades autónomas no somos meras aplicadoras de la legislación de la Administración del Estado, sino que tenemos competencia normativa también", señala. Por ello, "el tratamiento de la equidad es francamente un delirio porque lleva a una dualización, no sólo de la educación, sino de la sociedad". A su juicio, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha dado un nuevo plazo de un mes o mes y algo para que las comunidades puedan presentar más propuestas porque no están de acuerdo ni ellos. "Este ministro ha sido innovador en poner a todo el mundo en contra", indica Celaá, para señalar a continuación que el proyecto no gusta a nadie porque es verdaderamente anticuada y centralista.

Sin embargo, el ministro justifica este aumento del plazo para que las autonomías sigan aportando propuestas y sugerencias. "No comprometeremos el objetivo (de la reforma), pero podemos dialogar sobre la forma de llegar a él", dijo Wert, en alusión a las críticas que ha recibido el anteproyecto desde algunas comunidades en la reunión que mantuvo a finales de octubre con todos los consejeros. En opinión del ministro, la reducción del fracaso y el abandono escolares, la autonomía de los centros u otras cuestiones son irrenunciables, pero se puede "acomodar a visiones complementarias"

En rueda de prensa posterior, el ministro señaló que la conferencia sectorial volverá a reunirse a principios de diciembre para emitir el informe correspondiente, en el que trabajará previamente la Comisión General de Educación (formada por responsables autonómicos y ministeriales de segundo nivel). Preguntado por si esto es un retraso en los plazos de tramitación de la futura ley previstos inicialmente, manifestó que supone muy poco que el Consejo de Ministros envíe el proyecto al Congreso el 27 de diciembre o el 2 de febrero, ya que enero es un mes inhábil en el Parlamento, y esto tampoco perjudicaría el itinerario legislativo. Wert avanzó también que las comunidades que gobierna el PP y Navarra se han mostrado de acuerdo con las líneas generales del anteproyecto, con alguna sugerencia de mejora técnica o puntual. El resto discrepó en algunos casos, pero comparte, según el ministro, los objetivos para la reducción del fracaso y el abandono escolares y la mejora de la calidad educativa.

el consejo escolar da la espalda Pero no sólo el Gobierno Vasco da la espalda a la reforma planteada por el Gobierno de Rajoy. También la comunidad escolar se ha manifestado en contra. Alumnos y padres de la escuela pública acusan al ministro de recortar libertades.

Y es que el ministro de Educación vive en la polémica. Horas antes de que los votos de su partido y la abstención de UPyD salvaban la reprobación a su gestión pedida por el resto de grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados, sufría por la mañana un nuevo revés cuando los sindicatos, estudiantes y padres de la escuela pública abandonaban el pleno del Consejo Escolar del Estado como protesta por no admitirse a trámite un informe alternativo del sindicato STES a la reforma educativa, que todos ellos rechazan abiertamente. El presidente, Francisco López Rupérez, lo calificó de "grave incidente".