Vitoria. La necesaria estabilidad interna que requiere un cuerpo policial para desarrollar su labor con todas las garantías se ha convertido en una entelequia en lo que se refiere a la Guardia Urbana de la capital alavesa. Lejos de quedar blindada ante los avatares del juego político, la Policía Local rinde, y mucho, como naipe en una partida en la que se dirimen distintos intereses personales y partidistas y en la que apenas cuentan las estrategias policiales a medio y largo plazo, que brillarían por su ausencia. Y eso marca. Y mucho. Tanto que los actuales gestores políticos del cuerpo, el Partido Popular -que gobierna el Consistorio con la minoría más numerosa en el Pleno-, empiezan a ser asiduos en los listados de notificaciones judiciales. En concreto, a la demanda anunciada hace unas semanas ante un presunto veto del Gobierno municipal a los derechos sindicales de ErNE (Sindicato Independiente de la Policía vasca), reclamación presentada ayer mismo, se le unirá otra -firmada por la misma central- que reclama el respeto a las condiciones de trabajo y salariales pactadas para un buen número de agentes y mandos y que, al parecer, podrían haberse incumplido, unilateralmente, por parte del Ayuntamiento gasteiztarra.
Este proceso de judicialización en el que se haya inmersa la Guardia Urbana, en el que también se circunscribe la reciente sentencia judicial que da la razón en primera instancia a las tesis de Ajeple -Asociación de Jefes de Policía Local de Euskadi- y que pone en entredicho la decisión del Ejecutivo municipal en el nombramiento del actual comisario jefe, responde a un contexto muy concreto en el que mandaría la política de tierra quemada de los actuales gestores de la Policía Municipal respecto a las decisiones, acuerdos y pactos implementados por sus predecesores en el cargo, es decir, el PSE-EE. Tales circunstancias se dejan ver de manera evidente en los cambios de paso auspiciados en el funcionamiento de Aguirrelanda y de las patrullas, entre las que empezaría a consolidarse sensaciones de frustración, descontento o inseguridad, según ha podido constatar este diario. De tales lodos en la gestión, estos barros en el Palacio de Justicia.
Sea como fuere, lo cierto es que la nueva denuncia de ErNE, que previsiblemente se presentará la próxima semana, acusará al actual Gobierno municipal de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo de un buen número de agentes y mandos, que conformaban la extinta unidad de elite del cuerpo. Lógicamente, los tribunales tendrán la siguiente palabra en un contencioso que se empezó a gestar durante los pasados meses de marzo y abril.
Sin vía administrativa Desde entonces y hasta la fecha los intentos por reconducir los desacuerdos han agotado todas las vías administrativas. Sin embargo, según justifican portavoces de ErNE consultados, no ha quedado otra opción para reclamar las condiciones laborales y salariales pactadas para una unidad concreta, la UOS (Unidad Operativa de Seguridad), que, precisamente, ya no existe tras ser desarmada por la actual concejal de Seguridad Ciudadana, Marian Castellanos. Y eso pese a que la citada unidad, creada por el anterior responsable político del cuerpo, el socialista José Manuel Bully, logró cosechar hasta las loas del actual alcalde popular, Javier Maroto. Pero, eso, en materia policial y en esta ciudad, no significa absolutamente nada. De hecho, con el cambio de color en el Ejecutivo local, la nueva responsable del cuerpo decidió poner punto y final a la historia de la UOS y crear otra unidad, GPA, con un nombre diferente y con las mismas funciones o parecidas que la anterior. Eso sí, ahora al gusto de la edil Marian Castellanos.
Tales consideraciones, según la denuncia en ciernes, derivaron en la recolocación de agentes y en la disolución de las condiciones laborales de estos, que tenían asignado y pactado un calendario concreto, con los turnos establecidos y, por ende, con unas determinadas condiciones salariales que, de repente, se modificaron tras la nueva postura surgida al respecto.
Modificación de condiciones Sobre el particular, desde el citado sindicato no se entiende que los actuales responsables de la Guardia Urbana modificaran hace más de medio año unas condiciones que se habían aprobado durante la legislatura pasada, con el beneplácito de los agentes, que las sancionaron positivamente. De hecho, con Bully como concejal responsable de Seguridad Ciudadana se aprobó un documento que recogía las condiciones laborales de todos los agentes y unidades durante un plazo de seis años. Dicho texto contemplaba la posibilidad de cambios de horarios y adjudicaciones de destinos a los tres años de vigencia de lo aprobado -que se cumplían el 31 de diciembre de 2011-. Según ha podido conocer este rotativo, antes de esa fecha se modificó el documento con los votos de los agentes.
Sin embargo, con los nuevos gestores, la UOS desapareció, como parte de las condiciones de trabajo de estos, que tenían asignado un calendario específico, con unos turnos concretos -fin de semana u horarios nocturnos, por ejemplo- y, por ende, con unas derivadas económicas concretas. De ahí la justificación de la demanda en ciernes, que llega de la mano de la crítica por parte de los portavoces consultados en la central de policía. A su juicio, lo que se pretendía desde un primer momento por parte del PP era hacer desaparecer la UOS. "No es normal que se trate así a los agentes, que no hay que olvidar que tuvieron que superar dos cursos específicos en la Academia de la Policía de Arkaute y que tenían pactadas unas determinadas condiciones de trabajo, específicas en una unidad especial y de elite". Al respecto, también sospechan que los actuales gestores pretendían deshacerse de los citados agentes -en una unidad creada por el rival político, no hay que olvidarlo- para crear otra, similar, con otros agentes.
En cualquier caso, lo cierto es que la nueva demanda llega en un momento especialmente convulso en el cuerpo policial. No en vano, ayer mismo se presentó en el Palacio de Justicia gasteiztarra otra iniciativa, ya adelantada por este diario, en la que la citada central pone en entredicho la actitud del actual equipo de gobierno, al que acusa de vetar sus derechos de representación sindical en la Guardia Urbana, cuestión ante la que el Ejecutivo local esgrime su determinación al considerar que la central no tiene derecho a representación.
La denuncia en cuestión, tal y como pudo constatar este diario, no es más que el paso natural de una situación compleja, en la que la representatividad laboral de los agentes se encuentra en el quid de la cuestión. No en vano, desde el citado sindicato profesional denuncian que los gestores de la Policía Municipal traban su actuación desde que comenzó la presente legislatura. Incluso, es evidente que existe un veto manifiesto que impide la presencia de la central en la llamada Mesa de Aguirrelanda (de carácter semanal), que es el foro en el que se discuten los problemas específicos de la Guardia Urbana dentro del Consistorio.
Representación sindical Al respecto, la demanda judicial, tras haber consumido los plazos y protocolos de la vía administrativa, no será la única iniciativa de la citada central profesional para intentar recuperar su representación en el cuerpo policial. De hecho, prepara en la actualidad un escrito dirigido al responsable técnico de Seguridad Ciudadana, Javier Sáez Lanas, en el que se le insta a invitar a ErNE a todos los foros en los que se vaya a discutir sobre la Policía Municipal y sobre sus condiciones laborales.
Cabe recordar que el sindicato ErNE, en una candidatura con otra central profesional (Sipla) logró dos representantes en los comicios sindicales al comité del Consistorio. Sin embargo, este pacto se habría roto de manera unilateral por parte de Sipla.
