Madrid. Organizaciones de catedráticos de instituto y de inspectores de educación cuestionan la utilidad de las nuevas evaluaciones comunes del alumnado de la enseñanza obligatoria previstas en la reforma educativa presentada por el Gobierno, que algunos sectores consideran como "reválidas".
"Sin facilitar la continuidad hacia la educación postobligatoria difícilmente se va a reducir el abandono escolar temprano, tan alto en España", advierte la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (Ancaba) en un informe sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Esta asociación, que agrupa a cerca de 1.300 catedráticos, se refiere así a la prueba que deberán pasar todos los alumnos para obtener el graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). "No tiene sentido poner una traba al término de la ESO que dificulte la continuidad. Bastaría la evaluación al término del ciclo inicial de ESO (tercer curso) con efectos académicos y orientadores" hacia la FP o el Bachillerato, según propone.
Ancaba llama la atención sobre el número "elevado" de evaluaciones (cinco) y lo "costoso" de estas, y lamenta que algunas carezcan de relevancia: "La de sexto de Primaria, al no tener efectos académicos ¿de qué sirve?", se pregunta a modo de ejemplo.
Por el contrario, los catedráticos ven positiva la prueba final para obtener el título de bachiller, aunque sería un "error", matizan, que los alumnos tuvieran que someterse a una evaluación adicional de las propias universidades para acceder a los estudios superiores.
Sobre las asignaturas, desde Ancaba denuncian una "falta de coherencia" en cuarto de ESO al permitir la posibilidad "absurda" de que un alumno pueda elegir simultáneamente asignaturas de ciencias y de humanidades, sin tener en cuenta hacia qué modalidad de Bachillerato se dirige. También pide que Economía no sea optativa, sino obligatoria en el Bachillerato de Ciencias Sociales.
En el caso de los inspectores educativos, las principales asociaciones discrepan sobre la valía de esta medida.
La Asociación de Inspectores de Educación (Adide), que reúne al 75% de estos profesionales, se opone a condicionarlos a una prueba general externa porque puede suponer "un freno" de la continuidad en los estudios y "amenaza" el objetivo de reducción de abandono.
Por el contrario, la presidenta de la Asociación Nacional de Inspectores de Educación (ANIE), Ana Isabel Echevarría, afirma que ese tipo de evaluaciones igualará a España al resto de países europeos donde ya existe esos exámenes.
