Vitoria. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), a la que pertenece la Unión Agroganadera de Álava (UAGA), ha reclamado a la Comisión Europea que mantenga el status quo en materia de gestión de derechos de plantación de viñedo. Así se lo trasladó el responsable del sector vitivinícola de la citada central y vicepresidente del Comité Consultivo Vino de la UE, Alejandro García-Gasco, a representantes del Gabinete del comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, durante un encuentro bilateral celebrado en Bruselas.
García-Gasco trasmitió la preocupación de esta organización por las últimas declaraciones del comisario de Agricultura sobre el futuro de los derechos de plantación de viñedo en la Unión Europea, proponiendo un nuevo sistema más flexible, sin limitación estricta de superficies y cuya gestión se dejaría básicamente en manos de organizaciones interprofesionales.
A este respecto, el responsable vitivinícola de COAG reafirmó la defensa del sistema actual de derechos de plantación de gestión pública, que "en el curso de las últimas décadas se ha revelado como un instrumento eficaz para la política de calidad y para la gestión del potencial de producción en el seno de la Unión Europea, por lo que no tiene sentido sustituirlo por otro que sería ineficaz y su gestión resultaría inviable en el Estado español".
En sentido ha subrayado que la Administración comunitaria no necesita aumentar su número de hectáreas porque la reducción de 20 millones de hectolitros prevista para esta campaña en la UE es coyuntural y se ha dado por la confluencia de tres factores en el tiempo: sequía y heladas en principales países productores, nuevas plantaciones que aún no han entrado en producción impulsadas por las crecientes solicitudes para reestructurar los viñedos y adaptarlos al mercado y el efecto de la medida de arranque de 175.000 hectáreas en todo el territorio comunitario.
La liberalización de las plantaciones de viñedo, prevista para 2016, provocaría una deslocalización de la producción que amenazaría el patrimonio vitícola de 200.000 viticultores profesionales en el conjunto del Estado y el equilibrio medioambiental de las principales regiones productoras.
No hay que olvidar que con la liberación de plantaciones se pondría en riesgo un elemento importante de fijación de la población rural, se debilitarían las condiciones productivas de las zonas tradicionales de cultivo, siendo especialmente perjudicial para las zonas de más dificultades y las amparadas por indicaciones de calidad y se produciría un descenso en los precios de las uvas y los vinos, por un incremento de la oferta. Y todo ello, sin ningún tipo de mecanismo de regulación de mercado en la OCM única.
La bajada de precios tendría como consecuencia la incapacidad de los productores para soportar los costes de producción, provocando el abandono y, en general, un descenso importante de la calidad. Asimismo el mapa de la propiedad vitícola cambiaría y se pondría en riesgo su carácter familiar de las explotaciones vitivinícolas.
