Madrid. La inclusión en el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de un informe coordinado por el vocal Manuel Almenar en cuyo anexo se critica duramente el actual sistema de desahucios provocó ayer un duro enfrentamiento entre diversos sectores de este órgano, que finalmente acordó no asumir su contenido.

La bronca tiene su origen en la filtración a la prensa del citado anexo, en el que se proponen diversas medidas para modificar un procedimiento de ejecución hipotecaria que se tilda de "privilegiado" para los intereses de los bancos.

Según una nota difundida por el Consejo, dicho texto "no fue formalmente aprobado por el grupo de magistrados responsable de la elaboración" del texto, por lo que el órgano de gobierno de los jueces se limitó a señalar que no asumía su contenido y que tan siquiera lo sometía a debate.

Otras fuentes del Consejo señalaron, sin embargo, que el vocal Almenar y otros consejeros explicaron que el contenido de este anexo sí había sido consensuado por los seis magistrados que elaboraron el informe, que les había sido encargado para estudiar medidas de agilización de los procedimientos civiles.

INFORME DESCONOCIDO El texto, a pesar de ser incluido en el orden del día del pleno, era desconocido para los vocales hasta el martes a mediodía. El asunto de los desahucios no aparecía en el índice, por lo que para muchos consejeros el tema pasó desapercibido hasta que conocieron su contenido en los medios de comunicación, según informaron fuentes de este órgano.

Durante el pleno celebrado ayer un grupo de vocales propuso llevar el contenido del informe a la Comisión de Estudios del Consejo, pero la mayoría se negó a ello argumentando que al Consejo del Poder Judicial no le compete la iniciativa legislativa. Para otros vocales, se trata de un informe como muchos de los que llegan a este órgano, éste concretamente centrado en la agilización de procedimientos civiles (hay otros dos encargados sobre procesos penales y contenciosos) y su función es la de servir de instrumento de debate en los ámbitos universitario, social y parlamentario.

Entre otras medidas para afrontar el actual incremento de desahucios, el citado anexo sugiere la modificación del régimen de tasación de viviendas, un aumento las atribuciones de los jueces en este tipo de procedimientos e incluso que parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado se extiendan al cliente. Reconoce también que el actual panorama económico, en el que se registran cinco veces más ejecuciones hipotecarias que al inicio de la crisis, (un aumento del 20,6% en el último año) "evidencia una situación excepcional que requiere soluciones excepcionales".

Pese a advertir que parte de sus propuestas pueden ser consideradas por muchos como "descabelladas", el autor del informe añade que "lo que no puede negarse es que es preciso que se inicie un debate jurídico (el debate social ya existe) y se plantee una revisión del régimen legal y procesal de ejecución de los préstamos hipotecarios, ya que el número de lanzamientos o desahucios derivados de la ejecución de hipotecas puede considerarse como un auténtico drama social". El informe sobre agilización lo firman los magistrados Ángel Galgo Peco, Pilar López Asensio, Enrique García García, María del Mar Hernández Rodríguez, Pablo Quecedo Aracil y Pedro Luis Viguer Soler.

Por su parte, la organización de consumidores ADICAE valoró este positivamente el informe elaborado por los seis magistrados del Consejo del Poder Judicial. También criticó que "no ha sido eficaz" ninguna de las iniciativas puestas en marcha por los sucesivos Gobiernos para hacer frente a los problemas de las familias que no pueden pagar la hipoteca. Según ADICAE, que ha analizado 8.400 casos de familias hipotecadas, los requisitos exigidos por ese código sólo se cumplen en el 12,8 % de los clientes que tienen problemas para pagar la hipoteca de su vivienda.