peñacerrada. Uno de los bloques referentes en la fisonomía urbana de una de las señas de la Cuadrilla de Montaña Alavesa, Peñacerrada, ha dejado de serlo. De hecho, el antiguo cuartel de la Guardia Civil de la villa ha sido totalmente demolido y sus escombros reducidos a la mínima expresión. Ahora, la instalación en la que residió la autoridad de la Benemérita se ha convertido en varios montículos de cascajo de ladrillos y material de obra en el mismo lugar que ocupaba. La orden de derribo llegó desde la Diputación Foral de Álava, que decidió poner punto y final a las sucesivas ocupaciones que ha tenido el edificio a lo largo de su particular historia de desencuentros desde que dejara de ser utilizado para el fin con que fue construido. Ahora el solar revertirá en el Ayuntamiento, que lo cedió en su día para ese fin.

La historia relata que en 1955 el Ayuntamiento de Peñacerrada cedió esos solares a la Administración General del Estado para la construcción de un cuartel de la Guardia Civil. Destinó 250.000 pesetas de la época para la construcción de la infraestructura. Sin embargo, cuando se acometió la reestructuración de esos cuarteles en todo el Estado, el de Peñacerrada fue abandonado. Ni corto ni perezoso, el Consistorio solicitó la reversión en octubre de 1989 y en mayo de 1990. No obstante, la Delegación del Gobierno central en el País Vasco no contestó a ninguna de las peticiones, por lo que a través de resoluciones de mayo, noviembre y diciembre, el Ayuntamiento de la villa decidió arrendar las viviendas de ese edificio y zonas comunes.

A vueltas con la propiedad El 28 de julio de 1992, el Gobierno central decidió ceder gratuitamente el edificio a la Diputación Foral de Álava, que lo aceptó en diciembre y formalizó en escritura pública el 18 de marzo de 1993 ante el notario Jesús Rodilla. En el año 1995 el Ayuntamiento formalizó contratos de arrendamiento con A.L.G., D.G.G. y G.M.G., pero el 2 de octubre de 2003 revocó todas las decisiones e informó a los ocupantes de las viviendas que siendo propietaria la Diputación, no debían pagar la renta mensual a las arcas municipales como habían estado haciendo en los últimos años. Sorpresivamente el 2 de agosto de 2005, la Diputación, queriéndose quitar el problema de encima, decidió revertir la propiedad del cuartel al Estado y dio de plazo a los ocupantes hasta el 27 de diciembre de 2007 para desocuparlo. Ante ello, los inquilinos plantearon diversas reclamaciones y peticiones al Gobierno provincial, que fueron desestimadas. En ese clima, se sugirió a los reclamantes que pidieran cuentas al Ayuntamiento, que fue quien autorizó su entrada en el edificio sin tener poder para hacerlo.

Tras la salida del último ocupante, puertas y ventanas fueron tapiadas y así permanecieron hasta ahora, cuando se ha demolido, aunque con la oposición de muchos vecinos que colocaron carteles en la valla que se colocó y que da a la carretera.